Justicia ordena frenar protocolo que obstruía acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
Política16/08/2026
REDACCIÓNUna jueza consideró que las demoras burocráticas y exigencias no previstas en la ley podían configurar violencia institucional y obstaculizar el ejercicio de un derecho.
La jueza María Paula Vénere determinó que la organización del sistema de salud puede comprometer la responsabilidad del Estado cuando retarda, fragmenta o descoordina el acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva. La magistrada sostuvo que estas barreras pueden configurar una forma de violencia institucional u obstétrica.
La resolución judicial hizo lugar a una medida cautelar presentada por Amnistía Internacional en junio, basada en testimonios recopilados durante 2024, 2025 y 2026. Estos relatos advertían sobre obstáculos para acceder a la práctica, afectaciones a la confidencialidad y presiones sobre los equipos sanitarios del municipio.
OTRAS NOTICIAS:
El fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro ordena al Municipio garantizar el acceso al aborto dentro de los plazos legales, resguardando la intimidad de las personas solicitantes. La medida exige el cumplimiento de la Ley 27.610, el protocolo nacional y la guía de la Provincia de Buenos Aires.
Según consideró la jueza Vénere, el protocolo municipal incorporaba exigencias no contempladas en la normativa vigente, como intervenciones psicológicas obligatorias. También imponía restricciones adicionales para el acceso a la práctica por la causal de salud y circuitos administrativos que generaban demoras.
OTRAS NOTICIAS:
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Agostina Felice, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, explicó que estas prácticas buscaban persuadir a las usuarias para que no abortaran. Mencionó que las denuncias incluían la “entrega de escarpines” e información falaz, acciones que calificó como una “tortura psicológica”.
Felice apuntó además contra las políticas del Gobierno Nacional por su impacto en la implementación de la ley. «Se desentendió abiertamente del tema, incumple la ley nacional, esta y tantísimas otras. Es su decisión política: recortar en salud y por tanto en la calidad de vida de las personas», afirmó.
OTRAS NOTICIAS:
La referente de la regional Conurbano Norte de la Campaña remarcó que, si bien la medida cautelar no resuelve la cuestión de fondo, sí obliga al municipio a actuar de forma inmediata. «Es una excelente oportunidad para que el municipio deje de lado sus posiciones partidarias o religiosas y cumpla con las necesidades y derechos de la comunidad», sostuvo.
Felice también señaló que la interrupción del embarazo es una práctica médica, ambulatoria en la mayoría de los casos, por lo que no requiere internación. Además, destacó que en el municipio no existen hospitales provinciales que cumplan con la ley, dejando a los residentes “cautivos de la posición ilegal de la intendencia”.
La especialista explicó que tras la promulgación de la Ley 27.610 en 2021, su correcta implementación depende del presupuesto asignado. Felice subrayó que el acceso al aborto es una cuestión de salud pública que requiere recursos para su adecuado funcionamiento.
Te puede interesar
