Chubut aún reclama tierras en Península Valdés que Nación nunca devolvió
Mi Archivo16/08/2026
Sergio BustosUna visita casi desapercibida ocurrida hace más de diez años volvió a cobrar sentido con el paso del tiempo. Funcionarios del Ministerio de Hacienda de la Nación, y no del Interior como se había dicho en su momento, recorrieron instalaciones de la Armada en Península Valdés, tomaron fotografías, conversaron con responsables navales y luego partieron sin explicar su presencia. Se alojaron en la estación de balizamiento y evitaron dar detalles. Aquella visita, que pasó como un dato menor, terminó revelando un punto ciego institucional: miles de hectáreas ubicadas dentro del Patrimonio Natural de la Humanidad siguen en manos del Estado Nacional, a pesar de que, por ley, deberían pertenecer a la Provincia del Chubut.
La cuestión de fondo no es nueva. Ya en 2008, el abogado Roberto Williams elaboró un informe detallado para la Secretaría de Turismo que revelaba con claridad el estado de situación. Según ese relevamiento, la Armada Argentina tiene bajo su órbita 12.491 hectáreas dentro de la Península Valdés, a las que se suman otras 4.118 al sur del Golfo Nuevo y 438 distribuidas en zonas clave de la costa provincial, como Cabo Raso y Cabo Dos Bahías. Algunas de esas tierras están concesionadas a particulares, otras permanecen cerradas o con ocupaciones informales por parte de ONGs extranjeras que argumentan realizar investigaciones, sin permisos formales del Estado chubutense.
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El argumento jurídico es sólido. La Ley Nacional 14.408, sancionada el 15 de junio de 1955, estableció que las tierras ubicadas dentro de los límites provinciales debían ser transferidas al dominio de las nuevas provincias, salvo que fueran reservadas expresamente por ley nacional antes del 30 de septiembre de 1958. Esa reserva nunca se concretó. Por lo tanto, desde hace más de seis décadas, Chubut es la legítima propietaria de esas tierras, aunque el control efectivo siga en manos de la Nación. La omisión fue advertida por juristas como Juan Carlos Guerra y confirmada por análisis posteriores. A pesar de ello, el traspaso nunca se formalizó.
El caso adquiere otra dimensión si se considera que la Península Valdés fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO el 6 de julio de 1999, luego de una extensa y meticulosa gestión impulsada desde Chubut. El proceso comenzó en 1992, con Antonio Torrejón al frente del Consejo Federal de Turismo, y continuó durante más de siete años, hasta lograr la inclusión formal en la lista mundial. Chubut redactó el Plan de Manejo, convocó a 19 entidades de la región, garantizó participación técnica y política, y recibió el respaldo del Senado de la Nación, la Cancillería y la Secretaría de Turismo. Todo el proceso fue conducido desde la provincia. Pero, a la hora de hablar de titularidad, las tierras siguen figurando bajo jurisdicción de la Armada.
El problema no es solo formal. Desde hace años, sectores ambientalistas, empresariales y políticos advierten que el Estado Nacional avanza con políticas de venta de activos, como ocurrió con Campo de Mayo o con tierras fiscales en Mendoza. En ese contexto, el temor es que las 14 mil hectáreas en Valdés terminen en manos privadas o extranjeras. El empresario madrynense Héctor Castro, vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fue uno de los primeros en alertar sobre este riesgo. “Queremos que esas tierras sean puestas en posesión del Gobierno del Chubut. No vaya a ser que un día se llame a licitación y se vendan tierras del Patrimonio de la Humanidad”, advirtió.
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En paralelo, el diputado nacional Gustavo Menna planteó la necesidad de una estrategia común, sin distinciones partidarias, para exigir la transferencia definitiva de esas tierras. Señaló que, más allá de la discusión jurídica, el reclamo es legítimo desde todo punto de vista y debe abordarse con firmeza desde lo político. “No podemos permitir que tierras que por derecho nos pertenecen terminen vendidas o en manos de fundaciones extranjeras”, remarcó.
Las tierras involucradas no son un número abstracto. Se trata de zonas concretas: 7.500 hectáreas en Punta Buenos Aires, 550 en Punta Delgada, más de mil en Punta Quiroga, otras tantas en el Istmo Carlos Ameghino, y parcelas clave en Caleta Valdés y el Golfo San Matías. Todas dentro del Área Natural Protegida de Península Valdés, con valor ecológico, turístico y estratégico incalculable. Su transferencia permitiría consolidar nuevas áreas protegidas, avanzar en políticas de vivienda en ciudades como Madryn o Trelew, y reforzar la soberanía territorial provincial.
La situación se agrava por la presencia creciente de ONGs extranjeras que, amparadas en su vínculo con la UNESCO, han accedido a subsidios millonarios en dólares para operar en el área. Muchas lo hacen sin autorización local, estableciendo un control de hecho sobre campos y accesos. Esto limita la presencia del Estado y genera situaciones irregulares que debilitan el régimen jurídico provincial.
La historia de la Península Valdés muestra que Chubut supo organizarse, negociar y lograr reconocimiento internacional sin ceder su jurisdicción. Pero también deja en evidencia que, en silencio, se fue consolidando una apropiación institucional de tierras que nunca fueron devueltas. La provincia cuenta con los fundamentos legales, el aval político y la legitimidad histórica para reclamar lo que le corresponde. Lo que falta es decisión.
El paso del tiempo no hizo desaparecer el problema. Lo volvió más urgente.
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