EEUU congeló activos y prohibió el ingreso a jueces de la Corte Penal Internacional

La medida, que afecta a la presidenta del tribunal Tomoko Akane y al magistrado Abdoulaye Seye, se enmarca en la campaña de la administración Trump para desmantelar la corte.

El gobierno de Estados Unidos impuso este martes sanciones que incluyen la prohibición de viaje a su territorio y el congelamiento de activos a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida afecta a la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y al magistrado senegalés Abdoulaye Seye.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de anunciar la decisión y argumentó que los funcionarios sancionados se involucraron directamente en los intentos de investigar o perseguir a personal de gobiernos que no reconocen la jurisdicción del tribunal. El anuncio está en línea con las advertencias que el propio Rubio había adelantado en julio sobre endurecer las acciones contra la corte.

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Desde Washington se considera a la Corte Penal Internacional como un organismo que ha abusado de su autoridad y excedido su mandato. Marco Rubio afirmó que el tribunal es «supranacional corrupto y fatalmente politizado» y que su administración no tolerará lo que considera un asalto a la soberanía.

La presidenta Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la institución con sede en La Haya. Por su parte, Seye habría supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, un área de especial sensibilidad para la diplomacia estadounidense.

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Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos, ya que nunca firmó el Estatuto de Roma que le dio origen. El gobierno de Trump aplica esta misma posición para los ciudadanos de Israel, que tampoco es un país firmante del tratado fundacional del tribunal.

En respuesta a las medidas, la CPI emitió un comunicado oficial en el que rechazó las presiones de la administración Trump. El tribunal aseguró que las sanciones constituyen una amenaza directa contra el orden legal internacional.

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Además, la corte con sede en La Haya afirmó que continuará desempeñando sus funciones con total independencia e imparcialidad. Sus autoridades señalaron que seguirán trabajando de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Roma.

Estas sanciones se suman a otras medidas impuestas previamente por Washington contra distintos jueces y fiscales de la CPI. Las acciones previas se debieron principalmente a las investigaciones del tribunal sobre Israel, uno de sus aliados clave en la escena internacional.