El dinero ilícito era transformado en “créditos de juego” y luego retirado como aparentes ganancias

Policiales19/08/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Una investigación en La Plata expuso una red que abría billeteras virtuales con datos biométricos de personas vulnerables para blanquear fondos del juego clandestino.

Secuestro de dinero imagen ilustrativa
Secuestro de dinero imagen ilustrativa

Un informe de la Policía Federal Argentina detectó que uno de los principales acusados en una nueva causa por lavado de activos, Ignacio Leonel Marchioni, registró un flujo de $27.149.888.153 en la plataforma HAZ PAGOS. La firma, de hecho, habría bloqueado su operatoria tras identificarlo como un perfil de riesgo por su vínculo con la causa “Sur Finanzas”.

La situación de Marchioni es relevante porque ya se encuentra imputado en la investigación sobre Sur Finanzas que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte. En ese expediente tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes, siendo señalado como un intermediador en operaciones con criptomonedas.


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La hipótesis de la fiscal de La Plata, Betina Lacki, es que la organización delictiva utilizaba un casino online ilegal para blanquear los fondos. El dinero, presuntamente ilícito, era transformado en “créditos de juego” y luego retirado como aparentes ganancias para darle una apariencia de legalidad y romper la trazabilidad.

Para ejecutar la maniobra, se utilizaba la técnica de “pitufeo”, fragmentando grandes sumas de dinero a través de numerosas cuentas para no despertar alertas en los sistemas de control. Entre los receptores finales de los fondos, la acusación menciona a Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni.


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La estructura se sostenía captando a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente ex presos bajo la órbita del Patronato de Liberados. La funcionaria judicial Albertina Mangini es acusada de ofrecerles $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos, incluyendo un “escaneo del ojo”, en un bar de la zona de 7 y 56, en La Plata.

Tras la detención de Mangini, el gobierno de Axel Kicillof emitió un comunicado para aclarar que la acusada «es una empleada Judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia». Según la gobernación, la mujer accedió a la información de las personas liberadas a través de un convenio firmado durante la gestión de María Eugenia Vidal.


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Por su parte, Catriel Taubenschlag, otro de los investigados, afirmó a Clarín que no se encuentra imputado y explicó su actividad. «En ese período mi actividad era el arbitraje de criptomonedas, operando siempre con dinero bancarizado y declarando la actividad, incluido el pago del impuesto cedular correspondiente. Es una actividad legal y registrada», aseguró.

Además de Mangini y Marchioni, la fiscal Lacki imputó a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano por los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita. El caso se encuentra en el juzgado de Garantías N° 6 de La Plata, a cargo de Agustín Carlos Crispo.

La fiscal Betina Lacki cuenta con experiencia en investigaciones complejas sobre corrupción. Fue quien destapó el caso conocido como “Chocolate” Rigau, que reveló un mecanismo de desvío de fondos en la Legislatura bonaerense mediante el uso de identidades de terceros.

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