El proyecto impulsado por el Gobierno busca reducir la tutela estatal y adaptar el marco legal a las nuevas tecnologías y la economía digital.
El proyecto de reforma de la Ley de Sociedades, que contempla la creación de sociedades automatizadas mediante algoritmos e inteligencia artificial, fue debatido este miércoles en el Senado. La iniciativa también apunta a incorporar al régimen societario las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), que operan con tokens y tecnología blockchain.
Una de las metas principales de la propuesta, diseñada por Sturzenegger, es reducir la tutela estatal sobre la organización de los negocios societarios. Para ello, la ley establece que sus disposiciones tendrán carácter supletorio, otorgando prevalencia a lo establecido en el estatuto de cada sociedad.
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En esa línea, se plantea que las restricciones estatales sean excepcionales y de interpretación restrictiva, buscando eliminar diversas trabas burocráticas para la inscripción y funcionamiento de las empresas. Asimismo, los registros públicos no podrían dictar resoluciones que limiten lo permitido por la normativa, y el objeto social podrá ser amplio y plural, sin necesidad de conexidad entre actividades.
La digitalización integral del funcionamiento societario es otro pilar de la reforma, incorporando el domicilio electrónico y la sede electrónica para las empresas. Se habilitan los libros y registros digitales, las asambleas a distancia y la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.
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El abogado y magíster en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval respaldó esta iniciativa, al señalar que las herramientas previstas permiten «abordar los conflictos societarios de manera más rápida y eficiente, con el objetivo de reducir costos transaccionales». Resaltó que el proyecto se estructura sobre «cuatro ejes: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica».
En paralelo, el titular de Derecho Societario de la Universidad Nacional del Sur, Diego Duprat, valoró las herramientas previstas para resolver conflictos societarios. El académico señaló que la iniciativa introduce una concepción moderna y equilibrada, que amplía la autonomía societaria y brinda mecanismos para atender los distintos intereses involucrados.
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Por otra parte, la abogada y profesora Patricia Fernández Andreani cuestionó que la iniciativa «no incorpore obligaciones para las grandes empresas vinculadas con criterios ESG, relacionados con compromisos medioambientales, derechos humanos y equilibrio de género». En la misma línea, el abogado Eduardo Favier Dubois pidió que se «rechace esta reforma en el Senado».
Desde las provincias, se manifestaron algunas objeciones al proyecto gubernamental, que podría avanzar sobre competencias provinciales. Guillermo Rubano, director de Personas Jurídicas de La Pampa, remarcó que los registros locales ya trabajan desde 2017 en procesos de simplificación, digitalización y transparencia.
En tanto, el inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl, rechazó que, «bajo ese argumento, se avance sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias». La reunión se realizó en la comisión de Legislación General, presidida por Nadia Márquez, que convocó a una nueva ronda de consultas para la próxima semana.
Finalmente, la reforma también amplía significativamente las alternativas para realizar aportes al capital de las sociedades. El proyecto contempla la posibilidad de incorporar bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones susceptibles de valoración económica y obligaciones de dar o hacer.
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