El Senado debatirá la ley de discapacidad que garantiza beneficios permanentes
Política03/11/2026
REDACCIÓNLa ley, con amplio consenso en Diputados, busca fijar definitivamente prestaciones para personas con discapacidad y es clave para el Presupuesto 2027.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad busca establecer de forma permanente el esquema de beneficios para personas con discapacidad. Esta iniciativa elimina el carácter de emergencia de la ley anterior, convirtiendo sus disposiciones en una norma de orden público con efectos duraderos. Entre sus puntos clave, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el desempeño de un empleo formal.
La pensión por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, será compatible con la inscripción en el monotributo o el trabajo en relación de dependencia. Esta posibilidad se mantiene siempre que los ingresos del beneficiario no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles, alcanzando a quienes poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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Además, la iniciativa conserva el principio de nomenclador único para las prestaciones, ratificando su actualización automática y periódica. Dichos aranceles se ajustarán según el índice de movilidad jubilatoria, que está vinculado directamente al IPC. La propuesta también garantiza la cobertura básica de protección médica a través del programa federal Incluir Salud para todos aquellos que perciban la pensión por discapacidad.
El Senado se reactivará esta semana para debatir este proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El debate se realizará este miércoles a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. Estas comisiones serán presididas por el libertario Agustín Monteverde y la santacruceña peronista Alicia Kirchner, respectivamente.
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La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará obtener dictamen para que la ley pueda ser sancionada definitivamente en la última sesión del período ordinario, entre el 19 y el 26 de noviembre. La aprobación de la ley es fundamental para que el Gobierno pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad.
La demanda de una nueva normativa surgió tras el veto presidencial a la ley de emergencia sancionada el año pasado por la oposición. El ministro de Economía, Luis Caputo, se había opuesto inicialmente a mantener ese esquema, incluyendo artículos en el proyecto de Presupuesto 2027 que generaron un fuerte conflicto en Diputados. El oficialismo superó ese escenario impulsando, junto a sus aliados, la actual iniciativa que conservó los principales ejes de la ley de emergencia.
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El rastreo de cámaras y un auto camuflado en San Luis fueron claves en la condena por Beryl WilliamsEntre las exigencias de los bloques opositores dialoguistas para acompañar el Presupuesto 2027 se encuentra la eliminación de los artículos controversiales y la garantía de que se destinarán los recursos necesarios para cumplir con la nueva ley de discapacidad. El texto original del Presupuesto proponía, entre otras cosas, eliminar el nomenclador único, el arancel unificado y la actualización mensual de aranceles.
Dentro del propio oficialismo, las diputadas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, cercanas a Bullrich, fueron promotoras activas de este proyecto. Rodríguez Machado encabezó parte de las negociaciones, mientras que Giudici fue una de las principales articuladoras de la estructura libertaria en el Congreso.
En materia de financiamiento, la ley establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. Además, se creó una cláusula transitoria, a pedido de los bloques aliados, que fija un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
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