Impulsan un proyecto de ley para reformar el cobro con tarjetas de crédito y aliviar la carga tributaria en PyMEs
Chubut21/08/2026
REDACCIÓNLa CICECH presentó una propuesta técnica y legislativa que intenta desacoplar la venta del producto de la financiación bancaria. La medida apunta a eliminar distorsiones impositivas como Ingresos Brutos sobre utilidades ajenas y garantizar competencia justa en el comercio minorista.
La Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH) dio a conocer una ambiciosa propuesta de reforma estructural al sistema de cobro y financiación con tarjetas de crédito en la Argentina. La iniciativa tiene como objetivo central eliminar las severas asimetrías competitivas y los sobrecostos impositivos que asfixian de forma cotidiana a las pequeñas y medianas empresas de la región.
El diagnóstico elaborado por la entidad mercantil chubutense pone en evidencia que el modelo operativo vigente, regulado por la Ley Nacional N° 25.065, obliga a los comercios a actuar como intermediarios forzosos de los créditos bancarios. Esta triangulación genera distorsiones severas, encareciendo los precios finales al consumidor y desgastando la rentabilidad de las unidades productivas locales.
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Una de las fallas más gravosas señaladas por la institución radica en la denominada trampa tributaria del Impuesto a los Ingresos Brutos. Bajo el esquema actual, el comerciante se ve forzado a facturar el monto total financiado e ingresar la alícuota provincial sobre los intereses bancarios, tributando de este modo por un ingreso financiero que pertenece exclusivamente a las entidades bancarias.
A esta distorsión fiscal se le suma la manifiesta competencia desleal provocada por la cartelización de promociones y acuerdos de cuotas sin interés. Estos planes suelen concertarse de manera masiva y cerrada únicamente entre los bancos y las grandes cadenas de retail, relegando al comercio de cercanía por su imposibilidad de absorber en solitario los abultados costos financieros.
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Asimismo, el sector comercial chubutense padece diariamente una burocracia técnica extrema en el punto de venta. La interacción de múltiples pasarelas de pago, fechas de acreditación diferidas y coeficientes variables impide que cajeros y vendedores conozcan con exactitud el monto neto real que percibirá el establecimiento, generando errores administrativos continuos y opacidad para el comprador.
Frente a este escenario, la solución estructural planteada por la CICECH consiste en desacoplar definitivamente la operación comercial de la relación crediticia. El nuevo paradigma propone que el comerciante cobre exactamente el precio de contado y que el cliente gestione su plan de pagos a plazos de manera directa con su entidad emisora, restableciendo la equidad en el mercado.
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Bajo la regla operativa del cobro limpio o de "$100 es $100", la financiación bancaria desaparece de la factura e itinerario comercial. Si el comprador requiere pagar en cuotas, seleccionará y asumirá las condiciones financieras directamente a través de la aplicación de su banco, desde el home banking o mediante la validación directa en la terminal POS del comercio.
Esta propuesta encuentra sustento y validación internacional en la normativa de los países desarrollados. Tanto la Directiva de Crédito al Consumo de la Unión Europea como la Ley Truth in Lending (TILA) en Estados Unidos mantienen divididos los contratos comerciales de los financieros, garantizando que los establecimientos liquiden a precio de contado sin tributar por recargos de financiación.
El anteproyecto de ley promueve la modificación del artículo 37 e incorporación del artículo 37 bis a la Ley N° 25.065, estableciendo además la obligatoriedad de que todo beneficio bancario sea de aplicación universal. De este modo, cualquier descuento o financiamiento preferencial estará asociado a la tarjeta del usuario y podrá ser utilizado en cualquier PyME habilitada.
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En el ámbito tributario, la norma fija con claridad que el hecho imponible de Ingresos Brutos se calculará de forma exclusiva sobre el valor de contado del producto o servicio. Con ello se elimina de raíz la imposición sobre componentes financieros, otorgando predictibilidad al flujo de caja PyME y reduciendo drásticamente las causas de litigio en Defensa del Consumidor.
El articulado final concede además un plazo de 180 días para que las procesadoras de pago, pasarelas digitales y entidades bancarias adecúen sus plataformas técnicas al nuevo estándar de cobro neto. Esta ventana temporal busca garantizar una transición ordenada hacia un sistema digitalizado, transparente y funcional para todas las partes.
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Finalmente, la CICECH ratificó que impulsará el consenso del proyecto en bloque junto a cámaras nacionales como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El objetivo principal es lograr un pronto debate parlamentario en las comisiones de Comercio, Finanzas y Legislación General del Congreso Nacional para dotar al país de un ecosistema de pagos moderno y equitativo.
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