Denuncian que exmiembros de fuerzas de seguridad detenidos en Florencio Valera cogobiernan el penal
Policiales24/08/2026
REDACCIÓNUna presentación judicial acusa a 16 reclusos y cinco funcionarios penitenciarios de la Unidad 31 por narcotráfico, extorsión y usurpación de funciones del Estado.
Presos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela denunciaron que un grupo de ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, recluidos en el mismo establecimiento, mantiene un sistema de cogobierno carcelario. La acusación detalla una estructura de cohecho y retribución financiera digital hacia los funcionarios, incluyendo transferencias bancarias directas y regulares desde la cuenta de un interno hacia las de un exjefe de esa unidad.
La presentación fue realizada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes por un grupo de internos con carácter de hábeas corpus colectivo. La denuncia apunta contra el Pabellón 1, donde se alojan exclusivamente los ex agentes, quienes conformarían una organización conocida como «La Comitiva» o «Los Limpiezas y mantenimiento» en connivencia con autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
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Entre los delitos económicos denunciados figura la instalación de un régimen tarifario clandestino para el acceso a internet. La organización exigiría el pago de cuotas mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno por el uso de antenas Starlink, que son controladas por miembros de la cúpula del grupo. Quienes se han resistido a estos pagos habrían sufrido represalias violentas.
Además, se acusa a la banda de monopolizar la comercialización de bebidas y alimentos. Según la denuncia, se restringe el ingreso de gaseosas de primera línea para los familiares de los detenidos comunes, mientras se permite la entrada de cargamentos masivos para «La Comitiva». Estas bebidas serían revendidas a un valor de $10.000 por unidad, sirviendo como pantalla para la venta de estupefacientes.
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Otro de los mecanismos de extorsión descritos es una “aduana ilegal” en el Salón de Usos Múltiples (SUM) durante los días de visita. Un interno designado como “Limpieza del SUM” confiscaría parte de la mercadería que las familias llevan a los presos. Aquellos que se niegan a entregar una porción de sus bienes sufren represalias, como la restricción en el uso de las habitaciones para visitas íntimas.
En la presentación judicial, se describe cómo el grupo usurpó funciones del Estado, como el control de los candados del pabellón. El escrito señala que el personal penitenciario entrega las llaves reglamentarias a los reclusos de «La Comitiva», quienes controlan la apertura y cierre de las 26 celdas del sector. Esta maniobra es utilizada como un mecanismo punitivo, modificando arbitrariamente los horarios de encierro.
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La denuncia también detalla un sistema de falsificación de traslados. Uno de los reclusos tendría acceso a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento, donde redactaría solicitudes de “avales de traslado” falsas. En estos documentos, estamparía firmas apócrifas de jefes penitenciarios y utilizaría sellos oficiales de la institución para forzar la expulsión de internos que se niegan a pagar las cuotas extorsivas.
Asimismo, la presentación judicial incluye acusaciones por la comercialización, acopio e introducción de estupefacientes a gran escala. Según el texto, se ha constatado el ingreso irregular de referentes de otros pabellones para coordinar la distribución y adquisición de drogas. Estas operaciones se realizarían con la complicidad de personal del sector Requisa, que actuaría como puente logístico para los cargamentos.
Debido a la gravedad de los hechos, los denunciantes solicitaron la intervención de fuerzas de seguridad federales, como la Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina. También pidieron que se decrete el secreto de sumario para proteger la identidad de los denunciantes y testigos. La medida busca el allanamiento y secuestro de dispositivos telefónicos y documentación que respaldaría las acusaciones.
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