Los argumentos detrás de la absolución a la docente acusada de abuso en Trelew
Chubut25/08/2026
REDACCIÓNEl peritaje telefónico descartó cualquier registro fotográfico y la justicia dejó al descubierto severas fallas en el protocolo de las Cámaras Gesell aplicadas a los menores.
La pericia técnica ejecutada sobre el teléfono celular y los dispositivos electrónicos de Roxana Ortega no arrojó absolutamente ningún material incriminatorio. La imputación sostenía que la maestra tomaba fotografías y grababa videos a los alumnos en los recreos de la Escuela 201 de Trelew para forzar maniobras de abuso, pero las medidas periciales desmintieron esa hipótesis de manera categórica. "Cuando se peritó el celular de Roxana y cuando se aplicaron los elementos electrónicos, no se encontró nada de esto", confirmó el abogado defensor Facundo Bonavitta en declaraciones radiales emitidas por #LA17.
La inconsistencia de la acusación pública quedó expuesta con mayor severidad al analizarse el desarrollo de las declaraciones en Cámara Gesell. La psicóloga interviniente no respetó los protocolos normativos fijados para entrevistas a niños de siete u ocho años, aplicando preguntas de carácter inductivo para obtener relatos sobre supuestos abusos. "Ni hablar de la persona que tomó la Cámara Gesell, que es una psicóloga que está especializada que no respetó los protocolos", advirtió Bonavitta ante los micrófonos de #LA17, remarcando que el tribunal terminó desacreditando por completo esos testimonios por falta de lógica interna y por incorporar narraciones irrealistas sobre agresiones con elementos medievales.
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Las contradicciones entre las versiones presentadas por las madres denunciantes y las manifestaciones reales de los propios chicos en el ámbito pericial expusieron la fragilidad del expediente promovido por el Ministerio Público Fiscal. Cada uno de los tres menores entregó relatos diametralmente opuestos sobre los lugares, los momentos y los involucrados en los presuntos hechos dentro del establecimiento. La defensa demostró que las narraciones infantiles resultaban incompatibles con la dinámica escolar ordinaria de un recreo de diez minutos, donde la actividad continuaba habitualmente sin sobresaltos.
El sostén probatorio de la defensa se consolidó mediante la citación masiva de la comunidad educativa de la institución del barrio Tiro Federal. Más de treinta personas, incluyendo directivos, maestros, auxiliares de educación y porteros con más de tres décadas de servicio, declararon en los tribunales chubutenses asegurando que jamás observaron anomalías en las aulas. "Pasaron más de 30 personas por tribunales y todos rotundamente dijeron que eso era imposible que sucediera", enfatizó Bonavitta al repasar las jornadas del debate oral donde se descartó la presencia de aulas cerradas o desatendidas.
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A este cuadro testimonial se sumó el acompañamiento activo del resto de los padres del establecimiento escolar, cuyas declaraciones contrastaron de pleno con la acusación. Las familias que compartían la cotidianeidad con la maestra ratificaron que sus hijos mantenían un vínculo de enorme afecto y confianza con la profesional. "A Roxana la adoraban los niños, la recibían con abrazos, la recibían con mucho cariño", detalló el abogado defensor durante la entrevista, remarcando que la Fiscalía omitió entrevistar al resto de la comunidad durante los diez meses que duró la investigación preparatoria.
Pese a la inexistencia de evidencia sólida, la docente debió atravesar un proceso de privación efectiva de la libertad que comenzó a mediados de 2024. Al momento de ejecutarse la detención preventiva, la mujer se encontraba criando y amamantando a su hija de apenas nueve meses en su domicilio familiar. Transcurrió un periodo inicial encarcelada en un centro de detención policial para luego ser trasladada bajo el régimen de arresto domiciliario durante cuatro meses adicionales, sufriendo un señalamiento social gravísimo sobre su figura personal y profesional.
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El impacto sobre la salud integral de la trabajadora y su entorno familiar inmediato se mantuvo a lo largo de los dos años de tramitación de la causa penal. Tras dictarse el sobreseimiento definitivo, ninguna autoridad judicial, policial o ministerial formalizó un pedido de disculpas por el daño ocasionado durante el encierro. "Nadie le pidió disculpas", aseveró Bonavitta en el aire de #LA17, agregando que la extenuante presión institucional dejó huellas profundas en una persona dedicada históricamente a la docencia pública en la ciudad.
El veredicto emitido por la jueza María Tolomei remarcó de manera enfática que la fiscalía sostuvo una imputación sin elementos de convicción suficientes ni rigor técnico en la recolección de indicios. El fallo subrayó las graves irregularidades del proceso instructivo y cuestionó la falta de verificación previa con los testigos no docentes que transitaban los pasillos del colegio diariamente. Para la representación legal de la acusada, la sentencia debe fijar un estándar de exigencia mucho mayor en la etapa preparatoria para evitar la criminalización apresurada de docentes en el fuero penal.
Aunque el dictamen judicial le devolvió la libertad plena y desestimó definitivamente los cargos, las consecuencias del caso clausuraron el recorrido profesional de la maestra frente a los cursos escolares. La propia afectada confirmó la imposibilidad emocional de reinsertarse en la dinámica del sistema educativo tras las vivencias padecidas en el proceso. "No voy a volver al aula en este momento, no es mi deseo", ratificó la docente Roxana Ortega en un testimonio difundido por #LA17, dejando en evidencia que el sobreseimiento judicial no alcanza para reparar el costo humano ocasionado.
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