Sanciones a buques extranjeros por operar ilegalmente en la ZEEA superaron $5.381 millones en 2026, informó la Secretaría de Agricultura.
El buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, figura entre las embarcaciones sancionadas en lo que va de 2026 por operar ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Las multas aplicadas en el marco de esta política de fiscalización ya superaron los $5.381 millones en concepto de compensaciones.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca confirmó la cifra exacta de $5.381.374.680 recaudada por el Gobierno nacional durante el presente año. Este monto corresponde a las sanciones impuestas a distintos barcos que fueron detectados infringiendo la normativa en el Mar Argentino.
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Desde el Poder Ejecutivo se implementó un refuerzo en los controles para combatir la actividad ilícita en aguas nacionales. Esta medida busca asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y proteger los valiosos recursos marinos del país.
La política oficial, denominada de «tolerancia cero y fiscalización inteligente para proteger los recursos del Mar Argentino», se enmarca en la Disposición 20/2026. Esta normativa fue emitida por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca y es de cumplimiento obligatorio.
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Además del “Hai Xiang 2”, también fueron sancionados otros buques por operar sin autorización dentro de la ZEEA. Entre ellos se encuentran las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, ambas de bandera de Vanuatu, y el buque “Coimbra”, de origen Portugal.
Las autoridades de Agricultura destacaron la importancia de estas acciones punitivas. Aseguraron que la estrategia busca «garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, defender la soberanía sobre los recursos marinos y proteger la actividad pesquera nacional, mediante una estrategia de control permanente y sanciones efectivas frente a quienes infringen las normas dentro de la ZEEA».
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Estas sanciones aplicadas constituyen una parte fundamental de las acciones de prevención y combate contra la pesca ilegal. Su implementación permite un recupero económico significativo para el Estado, derivado directamente del incumplimiento de la legislación argentina.
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