Casa Rosada justificó el amarre de un buque en Ushuaia y apuntó a una autorización provincial

El vocero presidencial Adrián Ravier detalló que la nave cargó crudo en Tierra del Fuego y que las leyes que prohíben el ingreso no aplican en este caso.

El Gobierno nacional aseguró que el accionar del buque petrolero VS Promise en Tierra del Fuego«no viola ninguna ley». Según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, la normativa conocida como Ley Gaucho Rivero«no aplica» para esta situación.

Durante su conferencia de prensa de este martes, el portavoz leyó un descargo oficial que detallaba la actividad de la embarcación. El texto indicaba que el VS Promise cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de la provincia, y posteriormente se dirigió al puerto de Ushuaia para aprovisionarse.

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En ese marco, la comunicación oficial subrayó que el buque no solo venía de operar en territorio argentino, sino específicamente dentro de la propia provincia de Tierra del Fuego. Se remarcó que, debido a esto, las autoridades fueguinas fueron las que permitieron el ingreso del barco.

La justificación se basa en que la monoboya utilizada es de jurisdicción provincial. Por lo tanto, fue el gobierno fueguino el que avaló el ingreso de la nave en primera instancia, según lo informado por la Casa Rosada.

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Además, Ravier explicó el alcance de la legislación vigente para aclarar por qué se autorizó la operatoria. La ley provincial prohíbe el amarre a buques asociados a Inglaterra que estén trabajando desde la cuenca Malvinas, condición que no se cumplía en este caso.

Respecto a la Ley Gaucho Rivero, el funcionario precisó que su artículo 2 alcanza a las embarcaciones relacionadas con la exploración o explotación de recursos naturales en dicha cuenca. Por este motivo, tanto las autoridades provinciales como las nacionales permitieron el ingreso y aprovisionamiento del buque.

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Finalmente, el vocero presidencial negó que el episodio represente un riesgo de pérdida de soberanía para la Argentina. La aclaración se produjo ante la controversia generada por el amarre de la nave en el puerto de Ushuaia, que es de control nacional.