El gobierno español busca un sistema de protección más eficaz y ordenado, incorporando figuras como el triaje y procedimientos acelerados para las solicitudes de asilo.
El gobierno de España informó este martes sobre la aprobación de anteproyectos para reformar las leyes de asilo y extranjería, buscando un sistema de protección más ágil y eficaz. La medida responde al aumento de solicitudes de protección, que pasaron de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.
Estas modificaciones legislativas se producen tras la reciente crisis migratoria ocurrida a finales de julio, cuando entre 70.000 y 80.000 personas ingresaron masivamente en Ceuta. El objetivo principal es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, según lo expresado este martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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Entre las incorporaciones destacadas figura la figura del triaje, un proceso de recolección de información para los migrantes que ingresan sin haber pasado por los controles fronterizos. Este procedimiento tendrá una duración de 72 horas, con la posibilidad de ser prorrogado mediante decisión judicial.
La nueva normativa diferenciará entre un procedimiento ordinario y uno acelerado para las solicitudes de protección internacional. El procedimiento acelerado deberá ser resuelto en un plazo máximo de tres meses, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta.
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Advierten que la recaudación por Ingresos Brutos en las provincias alcanzó un pico del 83,5% en 2023Además, se actualizarán y precisarán las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Los cambios también incorporarán de manera explícita realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
El Ministerio del Interior español indicó que el anteproyecto de la nueva ley de asilo fue elaborado con un «enfoque garantista y de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes». Esta perspectiva se conjuga con la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país, según comunicó la cartera.
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En ese marco, el anteproyecto de ley de extranjería contempla un procedimiento fronterizo de retorno para agilizar la expulsión de personas extranjeras que ingresan de forma irregular. Este retorno está previsto en el PEMA y debe ser ejecutado en un plazo de doce semanas de manera eficaz y garantista.
Por otra parte, la reforma regula un derecho de permanencia en el país para los solicitantes de protección internacional. Sin embargo, este derecho «no da derecho a obtener una autorización de residencia en caso de que esa persona incurra en alguna de las figuras jurídicas que le harían acreedor de una denegación de entrada o de una orden de devolución».
Finalmente, la iniciativa del Gobierno español establece que si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona recibirá la notificación correspondiente. Dicha notificación incluirá la denegación de entrada, lo que impone la obligación de abandonar el país.
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