La Corte Suprema ratificó condenas para policías que agredieron a un hombre en pandemia
Actualidad27/08/2026
REDACCIÓNEl máximo tribunal dejó firme la pena de hasta cuatro años de prisión efectiva impuesta a Martín Alderete, Romina Montesino y Sebastián Bustos por un hecho ocurrido en 2021.
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas de hasta cuatro años de prisión efectiva para tres policías implicados en la agresión y detención ilegal de un hombre. El máximo tribunal rechazó los planteos de las defensas y ratificó las penas impuestas previamente por el Superior Tribunal de Justicia provincial.
El principal condenado, el oficial Martín Alderete, deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión. Por su parte, los oficiales Romina Montesino y Sebastián Bustos recibieron condenas de dos años cada uno por su participación en el caso.
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El incidente que derivó en estas sentencias tuvo lugar el 24 de mayo de 2021, en un contexto de restricciones de circulación por la pandemia de COVID-19. En esa fecha, Luis Díaz regresaba a su domicilio tras retirar dinero de un cajero automático cercano.
En ese marco, Díaz fue interceptado por un móvil policial en el que viajaban los oficiales Alderete y Montesino. Tras labrarle un acta, el hombre se negó a firmarla y prosiguió su camino hacia su vivienda.
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Esta situación motivó que los policías lo persiguieran y volvieran a interceptarlo. Fue en ese momento cuando Martín Alderete golpeó a Luis Díaz en el rostro, provocándole la pérdida de tres dientes, según consta en la causa judicial.
Luego de la agresión, los agentes solicitaron apoyo y trasladaron a Díaz a una comisaría. Para justificar la detención, el jefe de servicio, Sebastián Bustos, confeccionó un sumario.
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En el documento oficial, la oficial Romina Montesino informó falsamente que había sido agredida por el hombre detenido. Este accionar se consideró parte de las maniobras para encubrir la agresión y la detención irregular.
Los oficiales fueron llevados a juicio por los delitos de lesiones graves calificadas por su condición de empleados policiales y vejaciones. Además, se les imputó la falsificación de instrumento público en concurso real por el sumario falsificado.
Las defensas de Alderete y Montesino habían intentado apelar la sentencia ante la Corte Suprema. Argumentaron que la decisión del Superior Tribunal de Justicia provincial había sido arbitraria, pero el máximo tribunal declaró el planteo como inadmisible.
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