La iniciativa de la diputada Karen Reichardt (La Libertad Avanza) busca fijar requisitos de funcionamiento y control para establecimientos que alojen animales de compañía.
El nuevo proyecto de ley para regular el funcionamiento de criaderos y refugios de mascotas establece la implementación de mecanismos de identificación y trazabilidad para los animales. La iniciativa contempla además la obligación de contar con un director técnico veterinario en cada establecimiento y fija límites de capacidad para evitar el hacinamiento.
La propuesta también determina regulaciones específicas para el transporte de animales de compañía. Se fijan condiciones mínimas de seguridad, ventilación, higiene y espacio con el objetivo de reducir el estrés y evitar riesgos durante los traslados.
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En el caso de los refugios y hogares de tránsito, la normativa dispone la esterilización obligatoria de los animales antes de ser entregados. Adicionalmente, se promueven políticas de adopción responsable para todos los casos.
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, fue quien presentó la iniciativa hoy en la Cámara de Diputados. Según explicó, el objetivo es «establecer reglas claras y condiciones mínimas de cuidado para proteger a los animales y acompañar a quienes trabajan responsablemente en su rescate, atención y bienestar».
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El proyecto reconoce a los animales como seres sintientes e incorpora los estándares internacionales conocidos como las “Cinco Libertades”. Estos principios están vinculados con su alimentación, salud, seguridad, comportamiento y protección frente al miedo y el sufrimiento.
Por otra parte, la propuesta incluye un régimen de sanciones ante posibles incumplimientos. Se establece que los fondos recaudados a través de las multas sean destinados a programas y acciones de protección, bienestar, cuidado y tenencia responsable.
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Desde un sector de la comunidad proteccionista, sin embargo, interpretan que la iniciativa busca legitimar el comercio y la explotación de animales. Sostienen que se debería avanzar hacia su prohibición definitiva, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires desde 1987.
Los críticos de la medida también cuestionan que se incluyan bajo el mismo marco legal las exigencias edilicias y de fiscalización tanto para criaderos comerciales como para ONGs y refugios. Consideran un sinsentido medir con la misma vara a quien lucra con las mascotas y a quien las rescata voluntariamente.
En ese marco, argumentan que, en un contexto con millones de animales en situación de calle en Argentina, el Estado debería enfocarse en políticas de castración masiva. También reclaman un mayor fomento de la adopción en lugar de regular un mercado de compraventa de razas.
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