Freddy Josué Chocobar recibió un año de prisión condicional y deberá restituir 690 mil pesos a las víctimas, además de cumplir otras medidas.
El juez de Paz de Aguaray, Freddy Josué Chocobar, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación. El magistrado salteño deberá restituir un total de 690 mil pesos a las víctimas, y deberá cumplir con severas restricciones de conducta.
La condena llega tras reconocer su responsabilidad en dos casos de retención de cuotas alimentarias, configurando los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta sentencia se logró a través de un juicio abreviado.
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En uno de los hechos, Chocobar admitió no haber entregado 370 mil pesos a una mujer que había acudido al Juzgado de Paz para retirar sus fondos. En el segundo caso, otra beneficiaria tampoco recibió el dinero que le correspondía por el mismo concepto.
La investigación fue iniciada por el fiscal Jorge Armando Cazón a partir de diversas denuncias que apuntaban a irregularidades. Estas denuncias estaban vinculadas con dinero depositado en el Juzgado de Paz de Aguaray y que no era entregado a sus destinatarias.
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Inicialmente, el juez gozaba de inmunidad constitucional, lo que obligó al fiscal a impulsar un procedimiento especial. Para avanzar con la causa penal, fue necesario solicitar formalmente el allanamiento de esta prerrogativa.
El requerimiento fiscal fue concedido por unanimidad por la Corte de Justicia de Salta, que tiene el control sobre los jueces de Paz de la provincia. La decisión del máximo tribunal provincial fue clave para que el proceso judicial pudiera continuar.
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Además de permitir el avance de la causa, la Corte de Justicia de Salta dispuso la suspensión provisoria de Chocobar de su cargo. Esta medida fue fundamental para que la Fiscalía pudiera llevar adelante el proceso judicial que culminó con la condena.
Como parte del acuerdo, la primera cuota de la restitución económica a las víctimas ya fue depositada por el condenado. Los pagos restantes deberán completarse conforme a lo establecido en el pacto judicial alcanzado.
Durante dos años, el juez deberá fijar residencia, someterse al cuidado del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados. Además, se le prohibió acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias, y ejercer actos de amenaza o violencia.
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