El Estado podría juntar hasta US$ 4.000 millones con los aportes del nuevo fondo para indemnizaciones
Actualidad30/08/2026
REDACCIÓNEl Fondo de Asistencia Laboral comenzará a regir en noviembre y las empresas aportarán entre el 1% y el 2,5% de su masa salarial a un esquema de inversión con topes.
El nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) le permitiría al Gobierno captar hasta US$ 4.000 millones a través de las colocaciones en títulos públicos, según estimaciones de especialistas. Esto se debe a que la compra de deuda del Estado no cuenta con un tope establecido dentro de la cartera de inversiones del fondo, por lo que se podría invertir el 100% del mismo en ese instrumento.
El sistema, que forma parte de la reforma laboral, comenzará a regir formalmente en noviembre. Durante los primeros seis meses, los aportes mensuales quedarán depositados en los fondos de cada compañía, por lo que recién en mayo de 2027 podrán utilizarse para abonar las indemnizaciones por despido.
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La normativa establece que la creación del FAL es de carácter obligatorio para cada empleador. Las grandes empresas deberán aportar mensualmente el 1% de su masa salarial, mientras que para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) la contribución asciende al 2,5%.
Los empleadores podrán optar por un Fondo Común de Inversión (FCI) o un Fideicomiso Financiero (FF) para depositar sus aportes. En el mercado se estima que las grandes empresas y multinacionales se inclinarán por los FF, mientras que las PyMEs lo harán por los FCI.
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Ambas opciones de inversión deberán estar constituidas en el país y contar con la debida autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En este contexto, la empresa multinacional de origen holandés TMF Group busca posicionarse como fiduciaria para administrar los fondos de las compañías a partir de noviembre.
Desde la firma de los Países Bajos sostuvieron que «Constituir el FAL en un fideicomiso financiero le da a cada empresa un patrimonio propio, trazable y protegido». Su propuesta se enmarca en la disputa que se anticipa entre bancos y sociedades de bolsa por la administración de los nuevos fondos.
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Al momento de invertir el dinero, la cartera se diversificará entre distintos instrumentos con límites específicos. Se podrá destinar hasta un 15% a plazos fijos, hasta un 20% a obligaciones negociables y hasta un 15% a títulos públicos de provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El esquema regulatorio impone requisitos exigentes para la compra de deuda de provincias y empresas. Solo se podrá invertir en jurisdicciones y compañías con calificación “AAA” por parte de al menos dos de las tres principales agencias crediticias, como S&P, Fitch y Moody’s.
De hecho, Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, señaló que el diseño favorece a los títulos nacionales. «Son activos elegibles, no tienen el límite porcentual específico que sí tienen provincias, bancos y empresas, y tampoco están sujetos al requisito de calificación de triple AAA», había indicado a esta agencia.
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