Impulsan la Ley Agostina en Córdoba para crear un sistema de protección a la niñez
Actualidad01/09/2026
REDACCIÓNEl padre de la menor asesinada presentó en la Legislatura un proyecto que establece protocolos, una línea 24/7 y articulación con la Ley Lucio.
El proyecto de la Ley Agostina, presentado este martes en la Legislatura de Córdoba, establece una articulación con la Ley Lucio. Mientras la normativa ya vigente fortalece la detección de vulnerabilidades, esta nueva iniciativa busca organizar la respuesta estatal posterior a que se enciende una alerta. La propuesta incluye además la creación de un sistema de estadísticas anonimizadas para medir y mejorar la eficacia de las intervenciones.
La presentación fue realizada a las 11:30 hs por Gabriel Vega, el padre de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada hace más de tres meses. El femicidio, por el cual ya hay seis personas detenidas, motivó el impulso de este proyecto que busca prevenir y proteger a niños, niñas y adolescentes ante situaciones de violencia o abuso.
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Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de canales de comunicación directos para los menores. El proyecto contempla el “Derecho a Pedir Ayuda”, que habilita a los niños y adolescentes a comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros. A su vez, se propone la “Línea Agostina 24/7”, un canal gratuito, confidencial y permanente accesible por teléfono, mensajería y plataformas web.
La iniciativa también apunta a la prevención en el ámbito educativo y deportivo. Se implementará el “Programa Agostina en Escuelas” con formaciones sobre grooming, abuso, trata y salud mental para que los menores aprendan a reconocer riesgos. Adicionalmente, se exigirá que los clubes con presencia de niños y adolescentes cuenten con protocolos específicos y un referente institucional de protección.
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Por otra parte, la propuesta busca optimizar la respuesta estatal a través de la creación de los “Gabinetes Agostina”. Estos serán equipos interdisciplinarios destinados a la escucha, orientación y derivación de los casos. Su función será acercar la asistencia profesional y conectar a los menores con los organismos adecuados para su protección.
El proyecto define además un “Protocolo de Alerta y Búsqueda” que ordena la actuación inmediata de las autoridades ante la desaparición de un menor, sin la necesidad de esperar un plazo de horas. Este mecanismo contempla la coordinación entre los diferentes organismos estatales para garantizar una respuesta rápida y articulada.
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Otro de los instrumentos que incluye la ley es el “Registro de Restricciones Judiciales”. Se trata de una base de datos provincial, de acceso restringido, que contendrá las medidas de restricción de contacto con menores dictadas por la justicia. El objetivo es facilitar a las autoridades habilitadas el conocimiento sobre las medidas de protección vigentes para cada caso.
La norma también establece la obligatoriedad de que los procesos de familia comuniquen judicialmente los indicadores de riesgo detectados. En paralelo, se prevé la creación de protocolos específicos para el abordaje de consumos problemáticos en adolescentes. La implementación del sistema será progresiva y utilizará los recursos estatales ya existentes para evitar duplicaciones innecesarias.
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