Justicia federal ordena al Gobierno financiar la Ley Universitaria por cautelar de la UBA
Política01/09/2026
REDACCIÓNEl juez federal Martín Cormick exigió el cumplimiento inmediato de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 27.795, desestimando que represente un ahorro significativo.
El juez federal Martín Cormick ordenó al Gobierno cumplir de forma inmediata con los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esta disposición se da tras aceptar una cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Ejecutivo nacional.
El magistrado, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal número 11, destacó que el incumplimiento de la normativa produce «perjuicios graves de imposible reparación ulterior». Esta situación afecta directamente el «deterioro de los ingresos del colectivo afectado», según señaló en su fallo.
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Cormick enfatizó además que la falta de cumplimiento de la ley «afectaría el derecho a enseñar y aprender», un principio establecido en la Constitución Nacional. El juez indicó que la cautelar no impacta negativamente el interés público, contradiciendo argumentos previos.
El fallo se emitió luego de una demanda de la casa de altos estudios contra el Decreto 759/2025, que había promulgado la Ley 27.795. La UBA había reclamado que este decreto suspendía la aplicación efectiva de la normativa hasta que el Congreso determinara su financiamiento.
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El juez Cormick consideró que, una vez que el veto presidencial fue rechazado por el Congreso, el Ejecutivo debía implementar la ley sin demoras. Afirmó que el proceso legislativo «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley».
En ese marco, el impacto fiscal de la medida fue estimado en el 0,23 % del PBI, según se indicó en el dictamen. El magistrado enfatizó que «Dicha cifra representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública».
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La disposición del magistrado se da en el contexto de una demanda realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta entidad había reclamado que el Ejecutivo cumpliera con el acta firmada el 10 de junio.
En dicha acta, se había establecido el compromiso de transferir a las universidades nacionales los fondos necesarios para aplicar un aumento salarial del 24,33%. Este acuerdo fue clave para las negociaciones previas.
El Gobierno había manifestado que la firma de este acuerdo dejaba sin efecto una cautelar solicitada anteriormente, por lo que la misma debía ser levantada. Sin embargo, el juez no dio lugar a este pedido de la administración nacional.
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