El Gobierno suspendió 110.000 pensiones por invalidez y citó a funcionarios al Congreso
Política02/09/2026
REDACCIÓNEn medio de la crisis en el sector de Discapacidad, el oficialismo convocó una reunión informativa mientras la oposición presiona por una sesión de emergencia.
El Gobierno dio de baja más de 110.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral y mantiene en un “limbo” administrativo a más de 200.000 solicitudes nuevas. Además, se restableció la exigencia estricta de acreditar un 66% de invalidez para acceder o conservar el beneficio.
El Poder Ejecutivo argumenta que el sistema previo presentaba irregularidades, corrupción y pensiones otorgadas sin los requisitos correspondientes. En ese marco, sostiene que entre 2003 y 2023 el número de pensiones por invalidez creció de forma “exponencial e injustificada”, pasando de 76.000 a 1.2 millones.
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La situación en el sector se ve agravada por la suspensión de prestaciones de obras sociales y prepagas debido a la interrupción en la cadena de pagos. Los valores de los aranceles para terapias, transporte y centros educativos quedaron desactualizados frente a la inflación, volviendo inviables servicios críticos.
Como consecuencia, profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos y transportistas sufren deudas crónicas y han suspendido tratamientos masivamente. Las obras sociales y prepagas denuncian interrupciones en la transferencia de fondos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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En este contexto, la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados realizará este miércoles a las 16 hs una reunión informativa. Contará con la presencia del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y otros dos funcionarios del área para explicar las medidas implementadas.
La convocatoria del oficialismo, que preside el libertario Gerardo Huesen, busca mostrar predisposición al diálogo mientras una confluencia de bloques opositores impulsa una sesión especial para el 9 de septiembre. El oficialismo, por su parte, busca frustrar el quórum de dicha sesión y evitar el tratamiento de proyectos.
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El vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino de Unión por la Patria (UxP), cuestionó el formato del encuentro. A través de una nota formal, reclamó a Huesen la participación de referentes de organizaciones, personas con discapacidad y familiares.
El pedido, sin embargo, fue declinado por el oficialismo, aunque se dejó abierta la posibilidad para una futura reunión. En su respuesta, Huesen garantizó que, por ser la primera de una serie de reuniones, no se preveía el ingreso de oradores adicionales, lo cual se reservaría «para reuniones posteriores».
Frente a esta situación, organizaciones civiles, profesionales y familiares han impulsado denuncias penales contra el presidente Javier Milei y sus funcionarios por “abandono de persona”. También acudieron a organismos internacionales como la ONU para denunciar la vulneración de tratados de Derechos Humanos.
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