El Concejo Deliberante tratará en comisión la regulación para Uber y Didi, mientras la oposición expone el trasfondo del sistema de colectivos y los costos del viaje.
El debate por la habilitación legal de plataformas digitales de viaje ingresó en su fase decisiva en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn. Tras años de prohibiciones normativas, un nuevo texto impulsado desde el departamento ejecutivo se sumará al análisis en comisión para buscar dictamen de cara a la sesión del próximo jueves. En una entrevista concedida a #LA17, el concejal Hernán Pereira adelantó que el marco regulatorio pretende dar respuesta a una demanda de empleo y movilidad que ya opera de hecho en la trama urbana.
Las intenciones expresadas por referentes del sector de taxis de recurrir a organismos nacionales para frenar la operatividad digital carecen de sustento administrativo real. La pretensión de trabar el funcionamiento a través de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones no encuentra margen de aplicación en el sistema informático del país. "Es imposible que el ENACOM prohíba las aplicaciones. Así que, bueno, es un argumento, pero la verdad es que no es válido", ratificó Hernán Pereira en los micrófonos de #LA17.
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La persistencia histórica de la prohibición municipal respondió, según la perspectiva de la oposición edilicia, a compromisos electorales y acuerdos corporativos sostenidos durante años. Esas dinámicas de asistencia logística durante las jornadas de votación fueron perdiendo efectividad frente a los cambios en el comportamiento de la ciudadanía. "Había un sector que votaba por bolsones de comida, que ponían el remis en la puerta para llevarlos a votar, hoy la gente ya agarra el bolsón de comida pero te vota al contrario", evaluó Hernán Pereira.
El esquema normativo proyectado fija diferencias operativas claras entre los vehículos contratados por interfaz digital y los automóviles de alquiler tradicional. Únicamente las unidades de taxi conservarán el derecho exclusivo de utilizar la vía pública de manera espontánea y ocupar la red de paradas urbanas. "Los únicos que van a poder recoger personas por la calle, a mano alzada por decirlo, van a ser los taxistas", puntualizó Hernán Pereira, detallando que el pasajero abonará el costo fijado por la herramienta tecnológica aunque la unidad asignada pertenezca al parque de remises o taxis habilitados.
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Las manifestaciones en contra del proyecto derivaron en episodios de tensión directa y descalificaciones hacia la labor legislativa en la vía pública. El tratamiento de la iniciativa obligó a coordinar la labor parlamentaria bajo un clima de presión persistente por parte de sectores que defienden las licencias adquiridas. "A mi casa ya vinieron, ya me escracharon, insultos y todo eso por mi palabra", reveló Hernán Pereira sobre las agresiones recibidas durante los últimos dos años por impulsar la desregulación de los servicios.
Las asimetrías tarifarias vigentes terminaron generando que los traslados hacia sectores periféricos representen erogaciones de hasta siete mil pesos en el servicio regular, mientras las herramientas digitales cotizan recorridos idénticos por la mitad de ese valor. En el plano del transporte público masivo, la postergación sistemática del sistema unificado de cobro responde a la falta de auditoría en el flujo real de usuarios dentro de la ciudad. "Poner la SUBE en Puerto Madryn significaría blanquear la cantidad de pasajeros que tiene Ceferino", disparó Hernán Pereira.
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Frente a una tarifa plana de colectivo urbano que roza los 1.600 pesos, la eventual consolidación de alternativas privadas compartidas surge como un paliativo para el traslado entre barrios y la zona céntrica. Las opciones grupales dentro de las plataformas permiten atomizar los costos del viaje individual para equipararlo con el valor del pasaje en ómnibus. "Con Uber van a venir algunas aplicaciones como Uber Juntos donde la gente va a poder compartir el vehículo chico y se va a sacar pasajes o va a mejorar el transporte urbano", concluyó Hernán Pereira.
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