Sectores sociales rechazan la ampliación del estado de excepción en Bolivia

Actualidad03/09/2026

Sectores sociales en Bolivia rechazan la propuesta del Gobierno para extender la medida que vence el 20 de septiembre, sin mayoría legislativa.

Dirigentes de importantes organizaciones sociales de Bolivia manifestaron su rotundo rechazo a la posible ampliación del estado de excepción, que vence en solo 18 días. La medida, impuesta por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira en junio, implicó el despliegue militar en las carreteras del país, generando un intenso debate.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, fue quien puso sobre la mesa la posibilidad de prolongar esta herramienta constitucional. Aunque aclaró que aún no hay una decisión definitiva, el funcionario destacó una tendencia favorable dentro del Ejecutivo a mantener la medida extraordinaria, que a su criterio «ha generado realmente una tranquilidad a la población».

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Justiniano sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas en las rutas tuvo un efecto disuasorio y fue bien recibida por la ciudadanía. El ministro argumentó que la población está «contenta de estar en un estado de normalidad, de circulación y que se pueda trabajar», aludiendo a la recuperación tras los bloqueos.

La postura gubernamental contrasta directamente con la de las organizaciones sociales, que denuncian que persisten los problemas que originaron las movilizaciones. Entre estos, se destaca el desabastecimiento de combustibles, las largas filas para acceder al diésel, la escasez del dólar y el rechazo al Decreto Supremo 5676, que modificó los subsidios energéticos para grandes consumidores.

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Desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el dirigente Hilarión Medrano rechazó este miércoles cualquier extensión de la medida. Medrano reclamó al Gobierno que se concentre en solucionar el desabastecimiento de combustibles y advirtió que prolongar el estado de excepción no garantiza el fin del conflicto social.

En la misma línea, la Central Obrera Boliviana (COB) también expresó su fuerte oposición a la prórroga. Su máximo ejecutivo, Mario Argollo, cuestionó la iniciativa el martes y la vinculó directamente con la delicada situación económica que atraviesa el país.

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Argollo declaró que «sería muy irresponsable, no podemos vivir en dictadura en un país democrático», al referirse a la posibilidad de extender la medida. El líder sindical también criticó el Decreto Supremo 5676, una disposición que generó resistencia entre productores, transportistas, mineros y gremiales por sus repercusiones en la economía de los hogares.

Por otra parte, el dirigente cocalero e intercultural Aquilardo Caricari, desde el Trópico de Cochabamba, se sumó al rechazo, defendiendo el derecho a protestar y cuestionando cualquier decisión que pueda derivar en represión. Caricari también aseguró que no teme una eventual persecución política por sus declaraciones.

Un dato relevante es que una eventual ampliación del estado de excepción no depende solo de la voluntad del Ejecutivo, sino que requeriría del respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El oficialismo carece de esta mayoría parlamentaria debido a la ruptura de su alianza con la fuerza Unidad, lo que convierte el debate en un asunto político de gran envergadura.