Pami registra un agujero de 1,2 billones y clínicas suspenden prestaciones
Política04/09/2026
REDACCIÓNLa obra social de los jubilados pierde ingresos millonarios; la ayuda estatal no cubre el faltante, dejando a miles de beneficiarios sin atención.
El ministro de Salud, Mario Lugones, expresó una postura contundente frente a la crisis del Pami, afirmando que «Si se tiene que romper el sistema, que se rompa». Además, se le atribuye otra frase lapidaria al señalar que «si tienen que quebrar clínicas que quiebren» ante los reclamos de los prestadores.
La obra social de los jubilados enfrenta un faltante de 1,2 billones de pesos que impacta directamente en su capacidad para mantener las prestaciones. Esta situación se origina en la decisión del Gobierno de Javier Milei a fines de 2024 de eliminar el Impuesto País, una fuente crucial de recursos para el organismo. La administración nacional había prometido compensar esta pérdida con asistencia presupuestaria.
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Las cifras revelan que la compensación estatal está lejos de cubrir el monto esperado, profundizando el déficit. Durante este año, el Pami habría recibido unos 2,8 billones de pesos por el Impuesto País, pero el presupuesto solo previó 1,6 billones. Hasta julio, el Tesoro giró apenas 0,9 billones de pesos, representando una caída real del 28,7% respecto al mismo período de 2025.
Esta escasez de recursos ya se traduce en consecuencias directas para los afiliados, con clínicas y sanatorios que reducen o abandonan las prestaciones. El Sanatorio Concordia, en Entre Ríos, dejó de brindar servicios a unos 15.000 beneficiarios, y situaciones similares se replican en diversas regiones, incluyendo la Patagonia y la provincia de Buenos Aires.
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Silvia D'Agostino, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, atribuyó el deterioro al cambio en el esquema de financiamiento. La dirigente sostuvo que el Pami perdió «una fuente importante de financiamiento» con la eliminación del Impuesto País, y que esa pérdida no fue suficientemente compensada por el Tesoro.
D'Agostino también cuestionó la actualización de los pagos, indicando que «La reducción presupuestaria impidió actualizar adecuadamente los aranceles». El sector necesita «una suba superior al 100 %» para sostener la atención, lo que expone una amplia brecha entre los recursos disponibles y los costos operativos.
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En Neuquén, el conflicto ya escaló al Congreso a través de un proyecto presentado por los diputados peronistas Darío Martínez y Darío Peralta. Los legisladores reclamaron al Gobierno nacional garantizar la continuidad de las prestaciones y señalaron una deuda de 1.500 millones de pesos con clínicas neuquinas.
En junio, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó contener la situación mediante el pago a proveedores con bonos, pero esta herramienta no logró resolver el problema financiero. La persistencia de cortes de servicio y las dificultades para acceder a medicamentos evidencian que el conflicto permanece abierto.
Dentro del propio Gobierno existen diferentes visiones sobre el costo político de la situación. Algunos sectores consideran que el deterioro de las prestaciones podría afectar a los jubilados, un segmento que acompañó a Milei en 2023 y que podría modificar su comportamiento electoral de cara a 2027.
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