El presidente Javier Milei anunció este jueves la firma de un decreto para acelerar las sanciones contra empresas que realicen explotación offshore sin autorización argentina.
El gobierno nacional anunció este jueves que acelerará los procedimientos sancionatorios contra las empresas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla frente a las Islas Malvinas. El presidente Javier Milei anticipó que se utilizarán "todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales" para contrarrestar estas operaciones.
Además de la firma de un decreto para aplicar la ley 26.659, el mandatario adelantó el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Esta iniciativa buscará endurecer las sanciones y ampliar las restricciones contra las compañías, accionistas, directores y proveedores que participen en estas actividades.
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Durante la cadena nacional, Milei afirmó que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, planea iniciar la explotación "en los próximos meses". Sin embargo, el cronograma de las propias compañías establece el comienzo de los trabajos de perforación y terminación de pozos para principios de 2027, con el objetivo de obtener el primer petróleo en el primer semestre de 2028.
El yacimiento Sea Lion se ubica en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, y es considerado uno de los principales emprendimientos hidrocarburíferos de la zona. Es desarrollado por la israelí Navitas Petroleum, que es la operadora con el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante.
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Según datos de Rockhopper, el campo contendría alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo en el lugar, de los cuales unos 500 millones de barriles corresponden a recursos recuperables. La primera etapa del desarrollo, con un presupuesto de aproximadamente 1.800 millones de dólares, contempla una producción de unos 55.000 barriles diarios mediante una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de preparación, con obras en el muelle y la base logística en las islas, además de infraestructura y alojamiento para los trabajadores. Las empresas también estudian acelerar fases posteriores, con Navitas evaluando una segunda unidad FPSO que podría sumar hasta 125.000 barriles diarios de capacidad adicional.
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La Argentina considera ilegítimas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la disputa de soberanía sin autorización del Estado argentino. La ley 26.659 establece sanciones para quienes participen en dichas actividades, y la Cancillería ha emitido advertencias en los últimos años.
Por su parte, las empresas involucradas, como Navitas, sostienen que cuentan con las licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas y avanzan conforme al marco regulatorio del territorio administrado por el Reino Unido. Navitas mantiene que el cronograma del proyecto sigue vigente a pesar de las advertencias argentinas.
En paralelo, el Gobierno anunció un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa y avanzar con una base naval integrada en Tierra del Fuego, vinculada al fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur. Este emprendimiento tiene un impacto económico potencial para las autoridades de las islas, que estimaron que podría generar alrededor de 2.000 millones de dólares en regalías, según informó la agencia EFE.
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