La Justicia puede reducir intereses usurarios que superan el 1.000% en créditos digitales
Actualidad31/08/2026
REDACCIÓNLos tribunales argentinos analizan préstamos con tasas desproporcionadas, sin límite legal fijo, usando el Costo Financiero Total para intervenir.
El Costo Financiero Total (CFT) de un préstamo es un factor clave que puede disparar los intereses muy por encima de las tasas de referencia, superando el 1.000% en algunas plataformas digitales. La Justicia argentina puede intervenir y reducir los intereses cuando los considera abusivos o desproporcionados.
Actualmente, el sistema jurídico argentino carece de un porcentaje específico que determine de forma automática cuándo una operación es usuraria. Los magistrados analizan cada caso de manera particular, sin una fórmula matemática simple.
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El Código Civil y Comercial ofrece dos artículos clave para intervenir en estas situaciones. El artículo 332 habilita la nulidad o modificación de contratos por lesión, cuando una parte explota la necesidad o inexperiencia de la otra.
Asimismo, el artículo 771 permite a los jueces reducir intereses si la tasa o su capitalización resultan abusivas o manifiestamente desproporcionadas. Esta herramienta legal es fundamental para proteger a los deudores.
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El CFT no se limita solo a la tasa de interés nominal, sino que integra diversos conceptos adicionales. Dentro de sus componentes se encuentran los gastos de evaluación y otorgamiento, la administración, el mantenimiento de cuentas o tarjetas, seguros e impuestos como el IVA sobre intereses.
También se suman sellados y eventuales cargos por cancelación anticipada del préstamo, lo que magnifica el monto final. A estos, cada prestamista añade factores como el riesgo asignado al cliente y la expectativa sobre la evolución económica, diversificando las condiciones.
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La diferencia en los costos se vuelve especialmente notoria cuando las personas acceden a préstamos fuera del circuito bancario tradicional o mediante billeteras virtuales y prestamistas digitales. Estos canales pueden llevar el costo efectivo a niveles muy alejados de las tasas de referencia, incluso superando el 1.000%.
Para que una operación sea considerada usuraria, los tribunales deben establecer si existió una desproporción injustificada o un aprovechamiento de la situación del deudor. Se compara la tasa pactada con las condiciones del mercado vigentes al momento de la deuda y se analiza la posible explotación de la necesidad, inexperiencia o vulnerabilidad.
La comparación con las tasas de referencia del Banco Central, como la Badlar y la Tamar que se ubicaron entre el 23% y el 25% en agosto de 2026, es una de las herramientas que utilizan los jueces. Estas referencias muestran una base de mercado muy distante de los costos finales de algunos créditos.
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