Fiscal de San Isidro aplicará nueva ley de imputabilidad pese a suspensión judicial
Política09/09/2026
REDACCIÓNEl fiscal penal juvenil Andrés Zárate aseguró la vigencia del Régimen Penal Juvenil en su jurisdicción, pese a decisión de una jueza de Lomas de Zamora.
El fiscal penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, aseguró que mantendrá vigente la ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil. La postura del funcionario judicial contradice la suspensión preventiva de 60 días que se dictó en la provincia de Buenos Aires para evaluar la capacidad del sistema para alojar adolescentes.
La suspensión había sido dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Lomas de Zamora. La magistrada tomó esta determinación luego de que la Federación Familia Grande Hogar de Cristo presentara un habeas corpus preventivo colectivo en representación de adolescentes privados de su libertad.
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En declaraciones televisivas, Zárate cuestionó la decisión de la jueza y la calificó de improcedente. El fiscal explicó que una norma sancionada por el Congreso de la Nación no puede ser suspendida de esa manera por un magistrado. «La decisión de la jueza es un absurdo», afirmó.
Zárate detalló su argumento al señalar que una jueza puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso específico, pero no frenar su aplicación general. Calificó la medida como «un absurdo procesal, un absurdo constitucional y un absurdo jurídico».
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Consultado sobre cómo actuaría si un joven de 14 o 15 años cometiera un delito grave en San Isidro, el fiscal respondió con firmeza. Sostuvo que, a su criterio, la ley «es plenamente vigente» en su distrito.
Frente al argumento de la falta de infraestructura para alojar a los menores, Zárate recordó que el sistema anterior también disponía medidas de seguridad para los adolescentes acusados. Explicó que, si bien no eran condenados, sí quedaban a disposición de la justicia y eran derivados a institutos.
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Por otra parte, el fiscal destacó que la Ley 27.801 no contempla únicamente la privación de la libertad, ya que prevé penas alternativas. También indicó que establece un máximo de 15 años de prisión para los adolescentes que sean condenados.
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