"Bajar la edad de imputabilidad queda bonito para traer aplausos, pero no es la solución de fondo"

La aplicación de la nueva normativa nacional sin partidas financieras garantizadas amenaza con colapsar los centros de contención en Chubut y convertir las medidas preventivas en simples depósitos de detenidos.

El programa de salud mental para personas privadas de la libertad que funciona en el Hospital Dr. Andrés Ísola de Puerto Madryn representa la única experiencia activa de su tipo en la provincia, sosteniéndose sobre una partida reducida y la sobreexigencia de sus profesionales. Con un esquema presupuestario mensual de 4,5 millones de pesos, la contención de adicciones y cuadros psiquiátricos para la población carcelaria corre el riesgo de resentirse gravemente si se suma la franja de adolescentes imputables de 14 y 16 años. La falta de replicación de este servicio en el resto de los distritos evidencia una fragilidad estructural que expone el límite de los anuncios legislativos cuando no se acompañan con recursos concretos.

La rebaja en la edad de imputabilidad exige legalmente un régimen de aislamiento absoluto que impida el contacto entre menores y adultos, imponiendo un esquema de encarcelamiento que puede extenderse hasta por 15 años. Esta exigencia choca de frente con la capacidad instalada en los establecimientos provinciales, donde la falta de personal especializado y el hacinamiento amenazan con distorsionar la finalidad educativa de las penas. Si las condiciones de encierro no contemplan un abordaje técnico diferencial, el tránsito por el sistema penal termina agravando la marginalidad de los jóvenes en lugar de propiciar un proceso real de recuperación.

OTRAS NOTICIAS:

Nokia lanzó un teléfono que ofrece 40 días de batería con estilo antiguo para la "desintoxicación digital"

En declaraciones exclusivas a #LA17, el juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn, Daniel Yangüela, advirtió sobre la falta de infraestructura para absorber esta demanda. "Si bien todavía no tienen todos un destino de prisión preventiva, se te complica porque la ley es muy clara y muy específica: no se la puede mezclar con mayores, tienen que tener un tratamiento especial", señaló el magistrado. En ese mismo sentido, remarcó las consecuencias de forzar los cupos en instalaciones inadecuadas: "Si no puedo darle ese tratamiento, no tenés personal especializado y tenés colapsados los lugares de detención, imagínate que bajando la imputabilidad dos años se complica la situación".

La brecha edilicia entre las distintas ciudades de la provincia acentúa la inequidad en la aplicación de las políticas de ejecución penal dentro del territorio chubutense. Mientras que el Centro de Orientación Socioeducativa (COSE) brinda una cobertura de contención relativamente adecuada para las localidades de Puerto Madryn y Trelew, el panorama en el sur y la cordillera exhibe un deterioro preocupante. En plazas como Comodoro Rivadavia y Esquel, las dependencias destinadas al alojamiento de adolescentes quedaron inactivas o fueron desmanteladas con el paso de los años, dejando a la administración de justicia sin herramientas operativas frente a hechos delictivos cometidos por menores.

OTRAS NOTICIAS:

Confirman que los involucrados en el choque fatal cerca de Conesa son de Puerto Madryn

Refiriéndose a las diferencias regionales, Daniel Yangüela detalló en #LA17 las limitaciones de las principales cabeceras urbanas. "Madryn y Trelew tienen el COSE, que es un lugar adecuado, es más o menos lo que marca la ley con personal especializado, pero con Comodoro y Esquel están un poco más complicados porque los centros de orientación se habían ido quedando en el tiempo y se habían ido cerrando", precisó. Asimismo, el coordinador de jueces puntualizó sobre la urgencia presupuestaria: "Las leyes tienen que tener una previsión de fondos para hacerlas efectivas; si no, hacemos el parche en el parche y no tiene sentido".

El hábito parlamentario de promulgar reformas de fondo sin asignar los recursos económicos necesarios para su puesta en marcha repite un patrón de parálisis institucional en Chubut. Un antecedente directo fue la sanción de la ley de Juicios por Jurados, cuya implementación debió avanzar de manera defectuosa debido a la ausencia inicial de fondos específicos para financiar los operativos edilicios y logísticos que requería la magistratura. Repetir ese mecanismo de declamación política con el fuero de responsabilidad penal juvenil implica trasladar el costo operativo a las comisarías y a un poder judicial desprovisto de herramientas de contención.

OTRAS NOTICIAS:

El Sapo Ciarlo, de las estafas en Puerto Madryn a su nueva detención en España

Durante su intervención en #LA17, el magistrado cuestionó la eficacia de endurecer el régimen penal sin una inversión previa que contenga los consumos problemáticos y refuerce el tejido social. "Bajar la edad de imputabilidad queda bonito para traer adeptos y aplausos, pero no es la solución y no soluciona el tema de fondo", afirmó Daniel Yangüela. Para graficar la falta de respaldo financiero en la materia, el juez acotó: "Tenemos un ejemplo claro en la provincia como la implementación de los juicios por jurado, donde no estaba la previsión presupuestaria para llevarlos adelante y aún hoy es insuficiente".

La reinserción social de las personas que cumplen penas de encierro no constituye un asunto meramente legal o burocrático, sino una garantía directa de seguridad para toda la comunidad. En ciudades pequeñas y medianas, la falta de programas educativos y de tratamiento terapéutico dentro de los establecimientos penitenciarios devuelve a la vía pública a individuos sin capacidad de adaptación pacífica. Un menor que atraviesa años de encierro bajo un sistema punitivo deficiente termina regresando al mismo entorno barrial, multiplicando los riesgos de reincidencia y perpetuando el círculo de la violencia urbana.

Frente a la encrucijada comunitaria que plantea el retorno de los detenidos a los vecindarios, Daniel Yangüela destacó en #LA17 la urgencia de cambiar la mirada sobre el sistema carcelario. "La persona que es privada de la libertad cometió un delito, pero es una obligación del Estado brindar las herramientas necesarias para que luego se reinserte, porque en comunidades pequeñas como la nuestra va a pasar a ser tu vecino y va a ir a la misma playa que vos", reflexionó el magistrado. Por último, sostuvo que la contención preventiva resulta más efectiva que el castigo tardío: "Lo que tiene que estar preocupada es la sociedad y los legisladores en generar buenas leyes, entendiendo que el verdadero centro de contención para un chico no es la celda, sino un club de barrio y un buen entrenador".