Especialistas y exfuncionarios coinciden: el Estado no debe asumir costos de exploración offshore de alto riesgo, sino incentivar al privado.
Especialistas en energía rechazaron la idea de que el Tesoro Nacional deba financiar la exploración de hidrocarburos offshore, calificándola como una actividad de alto riesgo económico. Durante un debate en el programa Dínamo, plantearon que el rol del Estado debería centrarse en crear incentivos para atraer inversiones privadas, en lugar de utilizar fondos públicos para nuevas perforaciones.
La exsecretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, afirmó que «usar recursos del Estado en cualquier tipo de exploración es riesgoso». En la misma línea, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, sostuvo que no coincide con que el Estado deba fondear el desarrollo y que su función es generar mecanismos de estímulo para los privados. Nicolás Gadano, exgerente del BCRA, también descartó el uso de fondos públicos o de empresas como YPF y Enarsa para esta finalidad.
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El debate surgió a raíz de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei contra compañías que operan en las Islas Malvinas, en particular las que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion. Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos, opinó que estas acciones defensivas deben complementarse con una política activa para desarrollar la propia plataforma continental argentina.
Carbajales propuso que YPF, como brazo ejecutor de políticas públicas, podría acelerar la exploración, con financiamiento del Estado. Esta sugerencia generó un contrapunto con los demás panelistas, quienes defendieron el rol del capital privado en proyectos de esta naturaleza y destacaron la necesidad de no comprometer recursos del erario público.
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Por su parte, Gadano advirtió sobre los peligros de una estrategia de presión demasiado amplia contra las empresas vinculadas al proyecto en Malvinas. Señaló que podría perjudicar a la industria petrolera local si se impone una lógica de «o estás con ellos o estás con nosotros», generando un riesgo adicional para el sector.
En cuanto a las medidas del Gobierno, Latorre consideró que buscan enviar una señal a la comunidad internacional sobre el respeto al marco normativo argentino. Además, destacó como un resultado positivo que empresas de servicios como Schlumberger Limited, Halliburton y Tenaris hayan aclarado públicamente que no tienen vínculos con el proyecto en las islas.
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Fuente: EcoJournal
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