Pericia oficial detectó hidrocarburos y químicos sobre límites legales cerca de Pichanal. El pozo de 1983 sigue activo y causó muerte de animales.
Una pericia oficial confirmó la existencia de contaminación ambiental en la zona de Pichanal, Salta, a causa de un pozo petrolero abandonado. Fiscales que intervienen en el caso informaron que las muestras tomadas presentaron concentraciones de hidrocarburos y sustancias químicas por encima de los límites establecidos por la legislación vigente. Entre los compuestos detectados se encuentran etilbenceno, fenantreno, naftaleno, pireno, tolueno y xileno.
El pozo, perforado en 1983 y conocido como el pozo de Olmedo, continúa expulsando líquidos con gran fuerza. Estos fluidos alimentan lagunas tóxicas con una resina amarilla que ya se extienden a unos 500 metros del lugar. Los especialistas advirtieron sobre el riesgo de que la contaminación alcance las napas freáticas, lo que representa un peligro potencial para la salud de la población local.
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El impacto en el entorno es visible, con un fuerte olor a gases que vuelve el aire irrespirable a 100 metros de la perforación, obligando al uso de máscaras. Los pobladores de la zona aseguran que el agua cambia de color, adquiriendo tonos amarillos, verdes o negros y que, al evaporarse, deja una sustancia espesa e inflamable similar a la grasa.
La fauna y la flora locales también sufren las consecuencias del derrame. En el ingreso al área se encontraron al menos 13 cadáveres de vacas, formando lo que un testigo describió como un “verdadero cementerio de animales”. Además, donde antes había vegetación ahora predominan la tierra erosionada, el agua oscura y sectores del monte que comenzaron a secarse.
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Ramón, uno de los productores afectados, lamentó la situación y el impacto en su trabajo. «Uno ve los cuervos y ya sabe que se murió otro animal», expresó. Sostuvo también que el deterioro ambiental representa la pérdida del esfuerzo familiar de décadas: «Aquí se está perdiendo el esfuerzo de tres generaciones».
En el plano judicial, el único imputado hasta el momento es Peter Michael Levine, un empresario británico dueño de President Petroleum, la empresa concesionaria. La compañía se declaró en quiebra y Levine se encuentra fuera del país, mientras se debate la responsabilidad de los organismos de control provinciales.
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Por otra parte, desde el Ministerio de Producción y Minería de Salta no brindaron respuestas sobre las medidas adoptadas. Un funcionario de la cartera informó que necesitaba autorización para hablar con la prensa, pero la misma nunca fue concedida. Las preguntas sobre la gestión de la crisis ambiental quedaron sin contestar.
La solución técnica, conocida como “abandono de pozo”, no puede ejecutarse de manera inmediata. Según una pericia citada por la fiscal Sofía Fuentes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales determinó que, en las condiciones actuales, intentar cerrar la perforación representa una maniobra de alto riesgo.
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