Denuncian a empresas pesqueras españolas por contrabando en Malvinas con licencias británicas
Política14/09/2026
REDACCIÓNReset Republicano denunció a firmas ante Justicia Federal Penal Económico por evadir controles aduaneros y derechos de exportación en el mar argentino.
Varias empresas pesqueras de origen español, especialmente de la región de Galicia, fueron denunciadas por presunto contrabando en el mar argentino. La acusación se centra en que operan con sociedades mixtas constituidas en las Islas Malvinas bajo el amparo de licencias británicas que los denunciantes califican como “ilícitas”.
La presentación fue realizada este lunes por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, por “contrabando contra las empresas pesqueras que operan bajo licencia trucha expedida por la ‘autoridad’ colonial británica”. Los letrados afirmaron que «dichas pesqueras se llevan el patrimonio itícola de la Nación evadiendo a la aduana argentina», y calificaron los permisos como “verdaderas patentes de corso”.
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La denuncia detalla dos posibles delitos, siendo el primero la evasión del control aduanero. Se presume que las compañías extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional para realizar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas en Puerto Argentino y otros países, omitiendo intencionalmente la fiscalización de Argentina.
El segundo delito señalado refiere a la clandestinidad y el engaño. Según la presentación, al utilizar autorizaciones brindadas por una potencia ocupante de facto, las firmas aplicarían un ardid para impedir que la aduana argentina controle las mercaderías y así evitar el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios del país.
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Entre las empresas señaladas en la denuncia se encuentran Lanzal, el Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. Estas compañías estarían vinculadas a sociedades mixtas como Petrel Fishing Company Ltd., Argos Group Ltd. y South Atlantic Squid, entre otras, que operan con buques registrados en las Islas Malvinas.
En un mensaje dirigido a la gestión de Javier Milei, los denunciantes advirtieron a través de sus redes sociales: «Lo que el gobierno no haga, lo haremos nosotros». Esta declaración acompaña la presentación judicial que busca poner freno a las operaciones que consideran perjudiciales para el patrimonio nacional.
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La causa judicial quedó radicada en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7, bajo el número de expediente 1283/2026. El magistrado a cargo de la investigación es el doctor Juan Pedro Galván Greenway.
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