La Pampa presentó cautelar para frenar el D. 982/2026, que concentra en Mendoza fondos de Los Nihuiles. Busca mantener el reparto de 1973.
El gobierno de La Pampa sostiene que el Estado Nacional no puede modificar unilateralmente un convenio del que fue parte. La administración pampeana argumenta que en el acuerdo de 1992, la Nación participó como una de las partes y no como una autoridad superior a las provincias.
En ese marco, la provincia presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender los efectos de dos artículos del Decreto 982/2026. La presentación, impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, tiene como objetivo mantener provisoriamente el esquema de distribución de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles que rigió durante décadas.
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El decreto presidencial, publicado el 11 de septiembre, dejó sin efecto un régimen establecido en 1973. La nueva norma determinó que la totalidad de los recursos generados por el sistema hidroeléctrico sean percibidos por la provincia de Mendoza, una decisión que La Pampa considera que afecta un derecho patrimonial propio.
Además del decreto de 1973, el planteo pampeano invoca un convenio firmado en 1992 entre la Nación, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la presentación judicial, ese acuerdo estableció compromisos vinculados con el pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa.
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Por otra parte, la validez del régimen de regalías de 1973 ya forma parte de una causa que tramita ante la Corte Suprema, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional. En ese expediente, el máximo tribunal aceptó incorporar a La Pampa al proceso el pasado 27 de agosto, catorce días antes de que el Poder Ejecutivo dictara el decreto que modificó la distribución.
La provincia busca impedir que el nuevo esquema comience a producir efectos antes de que la Corte resuelva la disputa que ya estaba en análisis. Para La Pampa, la sucesión de decisiones justifica la intervención urgente de la Justicia para conservar la situación existente como medida provisoria.
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Desde la administración pampeana también consideran que la modificación unilateral vulnera compromisos asumidos y afecta la seguridad jurídica. A esto suman el impacto económico que tendría para las cuentas provinciales la pérdida de los recursos que provienen de las regalías.
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