Universidades advierten con 5ta Marcha Federal si Gobierno no cumple Ley de Financiamiento

Política15/09/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Gremios universitarios fijaron octubre como plazo para la normativa; el vocero presidencial negó el desfinanciamiento y defendió la gestión.

Paro Universitario
Paro Universitario

Los gremios universitarios anticiparon que si el Gobierno nacional no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario antes de la primera semana de octubre, realizarán la quinta Marcha Federal Universitaria. Este ultimátum surge tras una jornada de protesta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y una serie de fallos judiciales favorables al sector educativo.

La UBA llevó a cabo hoy clases públicas en Plaza de Mayo en reclamo por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de las sentencias judiciales. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a esta manifestación que se extendió hasta la medianoche y contó con la participación de los 13 decanos de las distintas facultades.


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Durante la jornada, además de las clases magistrales abiertas, se desarrollaron actividades científicas y servicios gratuitos para la comunidad. Se ofrecieron prestaciones de odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, junto con asesoramiento jurídico y contable, y orientación psicológica. También se exhibieron proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, incluyendo un auto de carrera diseñado por estudiantes y docentes de la universidad.

El conflicto tiene como antecedente el decreto 759/2025, que condicionó la ejecución de la normativa a la determinación de fuentes de financiamiento específicas. Esta decisión motivó presentaciones judiciales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de diversas universidades nacionales.


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En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización salarial del personal docente y no docente, y la recomposición de las becas estudiantiles. El conflicto sumó un nuevo capítulo el 1° de septiembre, cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas de los artículos , , y de la ley.

Estos fondos están destinados a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. El magistrado señaló que el impacto fiscal de la normativa equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).


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Ante la intimación judicial, el gremio docente de la UBA denunció que el Gobierno «responde con mentiras y dilaciones». AGD-UBA afirmó que el Ejecutivo utiliza el acta del 10 de junio y los aumentos otorgados para argumentar cumplimiento de la ley y exigir el levantamiento de la cautelar, a pesar de que «el gobierno nacional sigue en falta y el sistema judicial se lo permite».

En respuesta a las acusaciones, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió al conflicto este martes en conferencia de prensa y aseguró que «para el gobierno la educación es fundamental, es prioridad». Ravier negó que hubiera «ninguna cuestión particular contra las universidades» y rechazó el desfinanciamiento, argumentando que antes «con la inflación se licuaba el gasto en universidades mes a mes. Eso ya no pasa. Además subimos un 24% los sueldos docentes y su medio no dijo nada».

El funcionario también cuestionó que el Congreso haya aprobado proyectos que «rompían el ancla fiscal» sin establecer su financiamiento. En esa línea, indicó que hoy se presenta el Presupuesto 2027 en Diputados, donde se discutirá el destino de fondos para las universidades, y remarcó que «Hasta el día de hoy se está cumpliendo con la Ley y el Presupuesto».

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