En diálogo con #LA17, la titular del cuerpo legislativo de Trelew, Claudia Solís, detalló las medidas de emergencia aprobadas y repudió el amedrentamiento hacia la conducción de la entidad.
La fiscalización sobre las finanzas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew desencadenó un escenario de hostigamiento contra la nueva conducción directiva, tras avanzar en la supresión de erogaciones vinculadas a la política partidaria. Frente a este panorama de intimidación pública, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Solís, repudió las presiones sufridas por la titular de la entidad prestadora y advirtió sobre la gravedad institucional de los hechos. La titular del recinto legislativo relacionó de forma directa estos amedrentamientos con la decisión del órgano directivo de revisar contratos con aseguradoras de riesgos de trabajo, costos laborales y viejos privilegios operativos.
El choque institucional coincide con la aprobación en el recinto de un régimen destinado a transparentar las conexiones irregulares diseminadas en la periferia urbana. Según precisó Claudia Solís en los micrófonos de #LA17, el relevamiento del organismo regulador detectó "alrededor de 1.560 usuarios irregulares" concentrados en sectores como los barrios Costanera, Moreira, Primera Junta y el loteo Belgrano. La estrategia aprobada busca frenar las sobrecargas en la red eléctrica e incorporar a estos usuarios al sistema formal a través de esquemas de medidores comunitarios o la exención de deudas retroactivas para quienes ingresen de manera voluntaria.
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La canalización de estos sectores en situación de vulnerabilidad social quedará vinculada al trabajo asistencial del Poder Ejecutivo municipal. "Aquellos casos que realmente no tengan posibilidad de abonar lo que cobra la energía, el fondo de sostenimiento de agua y cloacas va a tener algún tipo de tarifa social base", subrayó Claudia Solís, al tiempo que explicó que la Secretaría de Desarrollo Integral intervendrá para evaluar la capacidad de pago antes de aplicar subsidios. Asimismo, en el loteo Belgrano el proceso de regularización avanzó a la par del pago de la última cuota del suelo a los propietarios privados por parte del Ejecutivo local.
En materia presupuestaria, la ordenanza sancionada congeló la estructura de personal de la Cooperativa para frenar el abultado gasto operativo de la prestación. La normativa prohíbe las incorporaciones de empleados de manera directa, dejando cualquier excepción técnica supeditada a la autorización previa del organismo regulador. La titular del cuerpo deliberativo reveló que las primeras revisiones sobre la administración saliente arrojaron "un ahorro de 300 millones" de pesos, producto de un seguimiento estricto sobre las partidas asignadas a cada área operativa de la entidad.
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A la par de los recortes internos, se fijó un estricto mecanismo de fiscalización externa sobre los pasivos acumulados con el mercado mayorista de energía. La norma le otorgó un plazo máximo de 120 días al organismo regulador para ejecutar una auditoría contable profunda sobre los libros de la entidad. Para cumplir con la meta de diseñar una tarifa eficiente, la Cooperativa deberá garantizar al ente de control un acceso sin restricciones a toda la documentación financiera y administrativa que sea requerida durante el proceso.
El régimen de control municipal incluyó también pautas estrictas para la realización de intervenciones en la vía pública por reparación de servicios. La titular de la casa legislativa remarcó que existe un malestar constante entre los vecinos por los deterioros en las calles generados por las cuadrillas de trabajo. Por este motivo, la legislación aprobada obliga a la conducción cooperativa a notificar formalmente al municipio antes de concretar cualquier rotura o apertura del pavimento en la ciudad.
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El marco normativo general quedó supeditado a la declaración de emergencia de los servicios concesionados por un plazo inicial de seis meses. La medida parlamentaria apunta a sostener la distribución eléctrica y regularizar la compra de energía frente al contexto de severo endeudamiento. Durante la entrevista en #LA17, la representante del Concejo remarcó que las decisiones parlamentarias buscaron dotar de estabilidad jurídica a un sistema de servicios públicos sumergido en cuestionamientos permanentes por la calidad de las prestaciones.
El paquete de herramientas normativas aprobado por mayoría parlamentaria busca acompañar la reestructuración operativa de la prestadora sin vulnerar las atribuciones legales del Estado municipal. Desde el edificio legislativo insistieron en que la intervención del municipio tiene límites precisos fijados por la Carta Orgánica y las concesiones vigentes. "Nosotros tampoco nos podemos involucrar, solamente estamos autorizados a dar tarifas", enfatizó Claudia Solís respecto del margen de acción del cuerpo ante las decisiones internas de la conducción cooperativa.
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