Familiares repudiaron en los Tribunales de Lomas de Zamora la medida de la jueza Marta Pascual, que frenó la aplicación de la ley sancionada en febrero.
Una reunión prevista para este miércoles entre la jueza Marta Pascual y directivos de institutos de menores fue uno de los motivos de la movilización de familiares de víctimas de inseguridad. El encuentro tenía como fin tratar “cuestiones de alojamiento y lugar”, y los manifestantes reclamaron su derecho a participar. Laura Fernández, madre de una de las víctimas, sostuvo que la ley los avala para ser informados dentro de los procesos judiciales.
El reclamo principal de la protesta fue contra una medida de la jueza Pascual, quien había suspendido la aplicación de la Ley 27.801, que baja la edad de punibilidad a los 14 años. Fernández explicó que uno de los objetivos era repudiar esa decisión. «Otra de las cosas que también, por eso también fuimos, es para repudiar esta medida que ella había tomado y para que no la vuelva a tomar o para que no la tome otro juez», precisó.
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La convocatoria comenzó a las 10 de la mañana en las puertas del Juzgado de Responsabilidad N.° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La movilización tuvo como propósito principal exigir justicia y protestar por lo que consideran un “olvido” del Poder Judicial hacia las víctimas. Los familiares estuvieron acompañados por el abogado Fernando Soto.
Entre los presentes se encontraban familiares de casos de alta repercusión mediática. Estuvieron María Eugenia Rodríguez, mamá de Uma Aguilera; los hijos de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía; y la madre de Valentín Bossa, un joven de 18 años asesinado en San Martín.
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El abogado que acompañó la manifestación, Fernando Soto, celebró la revocación del habeas corpus que había suspendido la Ley 27.801. Dicha normativa había sido sancionada por el Congreso en el mes de febrero pasado.
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