La Ley de Defensa de la Soberanía contempla hasta 20 años de prisión por exploración o explotación de recursos en Malvinas

El Gobierno envió al Congreso un proyecto que establece condenas de prisión para operar sin autorización e inhabilita empresas por hasta 30 años.

El nuevo proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional contempla penas de 12 a 20 años de prisión para quienes realicen exploración o explotación de recursos naturales no renovables en las Islas Malvinas sin autorización. En el caso específico de la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las condenas previstas se elevan a un rango de entre 15 y 20 años.

Además de las penas de cárcel, la iniciativa establece sanciones económicas severas para personas o compañías que operen ilegalmente. Las multas podrían ser equivalentes a un monto de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. En casos de mayor gravedad, las penalidades podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles.

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El proyecto también prevé inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para operar en el país y la posible suspensión de actividades por hasta 30 años. Las compañías sancionadas podrían enfrentar la disolución o liquidación, junto con la pérdida de permisos y beneficios impositivos o previsionales durante el período de la sanción.

Por otra parte, la iniciativa amplía el régimen de sanciones para incluir a los proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales a estas operaciones. Para ellos, se establecen penas de entre cinco y siete años de prisión. Las sociedades involucradas también podrían afrontar restricciones para contratar con el Estado.

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El texto fue enviado por el Gobierno nacional a la Cámara de Diputados y lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. Su alcance abarca las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En paralelo, el proyecto incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización. Este mecanismo está destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan con determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina.

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La ley también crea un Sistema de Seguridad Nacional que articulará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas y de defensa, entre otras. Este sistema será dirigido por el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano encabezado por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.

Finalmente, la normativa establece procedimientos para actuar ante buques o aeronaves consideradas hostiles en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre. Las medidas van desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia, reservando el hundimiento como una medida militar excepcional que requerirá autorización presidencial y no podrá aplicarse sobre embarcaciones civiles.