Capitanes y pesqueras rechazan sumar costos por exigencias de datos que el Estado ya tiene

Gremio y armadores advierten que los proyectos de trazabilidad imponen trabas burocráticas mientras el Presupuesto mantiene la carga impositiva.

El sector pesquero del litoral marítimo unificó su postura para frenar nuevos esquemas de fiscalización estatal que duplican la entrega de registros náuticos y comerciales. La coincidencia entre la representación de los trabajadores de puente y las empresas armadoras responde al intento legislativo de regular la trazabilidad del recurso mediante trámites adicionales. Ambas partes advierten que las exigencias administrativas planteadas en el Congreso no aportan controles reales sobre la captura pero sí incrementan los gastos de despacho y la carga de tareas a bordo.

Durante una entrevista en #LA17, el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes y Patrones de Pesca, Jorge Frías, cuestionó las intenciones de las convocatorias parlamentarias en la Comisión de Intereses Marítimos. "Se quiere ordenar algo que para mí ya está ordenado, acá hay dos ejes centrales que se está tratando de minimizar que son las diferencias que hay en el propio Estado entre la cartera de pesca y Senasa", explicó el dirigente marítimo sobre la superposición de controles oficialistas.

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La transmisión continua de datos de posicionamiento satelital, listas de tripulantes y zonas de captura se ejecuta en tiempo real desde que las embarcaciones sueltan los amarres en los puertos patagónicos. La superposición de requerimientos por parte de organismos estatales genera una duplicación burocrática que afecta la operatoria en cubierta. En #LA17, Frías aclaró que "los datos para procesarlos ya están, es innumerable la cantidad de información que surge desde antes de la extracción porque tenemos cinco sistemas satelitales diferentes, los localizadores de buques de Prefectura y las tripulaciones todas registradas".

El rechazo a la iniciativa suma la coincidencia explícita con el sector empresario tradicional, habitualmente ubicado en la vereda opuesta durante las discusiones paritarias. La postura formulada por el abogado Otto Büller en representación de la armadora Solimeno ratificó que las medidas impulsadas en el Congreso añaden trabas financieras en un momento de estancamiento operativo. Al analizar esa convergencia en #LA17, el referente sindical sostuvo que "lo que expresa el sector privado es un poco lo que yo dije, esto es más burocracia, más costos para el empresario y más trabajo para los capitanes de pesca".

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A la complicación administrativa se suma el escenario económico proyectado para el sector exportador en el Presupuesto Nacional presentativo del Ejecutivo. La falta de incentivos fiscales o reducciones en las alícuotas de retenciones limita la capacidad de los barcos para sostener rentabilidades en los mercados internacionales. Sobre este punto, Frías manifestó en #LA17 que "lejos de contemplar una reducción impositiva para que el trabajo sea más competitivo, el gobierno sólo piensa en cómo cargar más impuestos porque se exporta más del 90% y es lo más fácil".

La distorsión tributaria alcanza de manera directa el salario de las tripulaciones de altamar antes de que los buques abandonen la zona de muelle. La deducción del 35% por Impuesto a las Ganancias sobre los haberes de la marinería erosiona el rendimiento de las mareas de pesca de alta mar. Durante la charla radial en #LA17, se enfatizó que "los trabajadores marítimos antes de soltar los cabos ya estamos pagando y perdimos un 35% por las escalas superadas, lo que vuelve todo muy difícil en una Argentina con la inflación que conocemos".

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El déficit de competitividad del producto argentino se profundiza al comparar las condiciones locales con las flotas extranjeras que operan en los mercados globales. Países competidores sostienen sus flotas mediante transferencias estatales y exenciones impositivas directas para la captura en aguas internacionales. En la entrevista transmitida por #LA17, el titular del gremio planteó que "es difícil ser competitivos cuando las empresas salen por el mundo y se encuentran con que España o China subsidian sus capturas al 100%".

Las exigencias medioambientales sobre la flota nacional se aplican sobre esquemas de ordenamiento que restringen la navegación en la mayor parte del espacio marítimo. El establecimiento de vedas biológicas permanentes garantiza la reproducción de las especies comerciales en las aguas bajo jurisdicción argentina. Al respecto, Frías detalló en #LA17 que "estamos pescando alrededor del 40% del Mar Argentino porque no se pesca en la totalidad con lo cual hay una preservación, y el camino aconsejado por la FAO es minimizar el descarte para aprovechar mejor un recurso vivo".

La imposición de nuevos sellados y aranceles de fiscalización aumentará la presión sobre los costos de despacho en las terminales pesqueras patagónicas. La falta de coordinación entre la Secretaría de Pesca de la Nación y el SENASA mantiene trabada la simplificación de los trámites que demandan las tripulaciones antes de hacerse a la mar. La sustentabilidad del sector dependerá de que las políticas públicas prioricen la competitividad internacional por encima de la recaudación tributaria sobre las capturas.