
Armada Argentina: Fraude millonario con sueldos asciende a casi $1.000 millones
Policiales17/09/2026
REDACCIÓNDiez militares fueron apartados de la fuerza y trece civiles, incluyendo familiares directos, resultaron beneficiados en la trama de corrupción que investiga la Justicia.



Un fraude que supera los 981 millones de pesos y que involucra a diez militares y trece civiles sacude a la Armada Argentina tras una investigación judicial. La trama de corrupción fue detectada en el sistema de liquidación de sueldos y viáticos, lo que llevó al apartamiento de los implicados.
La conducción de la Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares por esta trama de corrupción, iniciando una instrucción disciplinaria que podría terminar en destitución. La medida fue dispuesta por el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la fuerza. El ministro de Defensa, Carlos Presti, intervino directamente, ordenando aplicar la máxima sanción posible y reclamando que los involucrados «devuelvan el dinero y vayan presos».


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Presti afirmó públicamente: «Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes». Además, instruyó explícitamente a Romay para que, mediante un Consejo de Disciplina, los efectivos pasen a ser destituidos de inmediato.
La red de corrupción combinó alteraciones informáticas con mecanismos tradicionales de desvío de fondos entre julio de 2022 y enero de 2026. Los implicados manipulaban los haberes bloqueados por bajas o retiros, aumentando transitoriamente montos o incorporando pagos sin justificación para luego restituir los registros originales. También se detectó la liquidación de falsos viáticos en dólares por misiones al exterior que nunca se realizaban o que se seguían cobrando tras haber finalizado.
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Junto a esto, operaba un esquema de «suplementos con retorno», donde se liquidaban horas extras o plus por especialidades a efectivos que no cumplían esas tareas. A estos se les exigía la devolución del 50% de la suma percibida. Asimismo, se investiga el uso de números de CUIL de personal retirado o dado de baja para habilitar «cobros fantasma».
La investigación contabilizó 645 acreditaciones indebidas en el período mencionado, alcanzando un monto histórico comprobado de $981.148.567,88. Otras estimaciones y testimonios internos sugieren que la cifra final de perjuicio podría rondar los $1.600 millones.
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El análisis identificó a 23 beneficiarios: diez militares y trece personas ajenas a la fuerza. Cuatro de esos civiles, sin relación laboral con la Armada, cobraron el 44,25% de todo el dinero desviado, sumando más de $434 millones.
La mayor beneficiaria individual resultó ser María del Carmen Prieto, esposa del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. El capitán Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista, manifestó internamente que él definía los beneficiarios y ejecutaba las operaciones para favorecer a terceros y al personal naval.
El fraude fue descubierto inicialmente en febrero de 2026 tras una revisión que detectó acreditaciones incorrectas en el Departamento Revista. En agosto, nuevas revisiones detectaron pagos injustificados a la esposa de Atanasoff, quien fue relevado preventivamente. Paralelamente, otra versión apunta a la negativa de una teniente de navío contadora a recibir un «suplemento» del cual debía devolver la mitad a sus superiores, lo que desencadenó una inspección interna.
Al quedar expuestos, varios oficiales involucrados intentaron mitigar su situación restituyendo parte de los fondos desviados. Los capitanes de corbeta Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato, Juan Carlos Barrios, Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni devolvieron dinero. Hasta la denuncia formal, se habían recuperado $42.574.267,63, dejando un saldo deudor que supera los 938 millones de pesos.















