El proyecto destina fondos a submarinos y bases en el sur. Las universidades denuncian desfasaje de $3,65 billones y convocan a Marcha Federal.
El proyecto de Presupuesto 2027 solicita al Congreso autorización para operaciones de crédito público por hasta US$ 3.500 millones para la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. A esta cifra se suman otros US$ 350 millones proyectados para la construcción de infraestructura militar y logística en Ushuaia y la Antártida.
Del total destinado a equipamiento, unos US$ 2.300 millones están previstos para la adquisición de tres submarinos para la Base Naval Mar del Plata. Los US$ 1.200 millones restantes corresponden a la compra de dos fragatas multimisión que tendrán como destino Puerto Belgrano.
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Por otra parte, la inversión en el sur se concentrará en la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel. El Gobierno planea llamar a licitación para el muelle y galpones en octubre, con un inicio de obras programado para enero de 2027, y estima que el complejo de Ushuaia estará completo hacia 2029.
En contraste, el presupuesto para la función Educación y Cultura presenta una caída real cercana al 2,2%. El proyecto asigna $11,20 billones, lo que representa un incremento nominal del 27,2% frente a una inflación estimada que ronda el 30% para el período.
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El principal foco de conflicto se encuentra en las universidades nacionales, que recibirán $7,35 billones. Esta cifra está $3,65 billones por debajo de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó como necesarios para sostener el funcionamiento del sistema y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Como respuesta, el sector convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. Además, la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció un cronograma de paros escalonados que se extenderá entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.
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El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que si el proyecto se aprueba sin cambios, «todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados». Por su parte, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, afirmó que no se puede normalizar «que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no».
Desde el oficialismo sostienen que las partidas educativas registran incrementos nominales y justifican las inversiones militares como parte de su política de fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur. El CIN, en tanto, anticipó que llevará su reclamo directamente a diputados, senadores y gobernadores durante el debate parlamentario.
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