Las CTA intiman al Gobierno a revisar el salario mínimo y amenazan con acciones judiciales

Política19/09/2026

Las CTA exigen al Gobierno reconvocar urgente el Consejo del Salario y revisar el monto fijado, por decisión irregular e insuficiente.

Las dos centrales de trabajadores, la CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma, intimaron a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, a convocar nuevamente al Consejo Nacional del Empleo en un plazo de 48 horas. La advertencia, enviada a través de una carta documento, subraya que, de no obtener respuesta, iniciarán acciones administrativas, judiciales y presentaciones ante organismos nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el salario mínimo.

Ambas organizaciones impugnaron la Resolución 4/2026, que fijó el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), al considerar que el procedimiento utilizado fue irregular y que el monto definido es insuficiente. Las centrales sostienen que la resolución es «nula de nulidad absoluta e insanable», ya que el salario habría sido fijado sin respetar la Ley 24.013 ni fundamentar los criterios empleados.

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Según la presentación, la decisión oficial no contempló la evolución real de la inflación ni los objetivos constitucionales y legales que debe cumplir el SMVM. Las CTA remarcan que, a agosto de 2026, la inflación interanual alcanzó el 33,3%, mientras que el salario mínimo solo aumentó el 16,96% en el mismo período.

Esa diferencia, advierten las centrales, profundiza la pérdida del poder adquisitivo y deja al Salario Mínimo, Vital y Móvil por debajo de la Canasta Básica Total. Esta situación afecta especialmente a los trabajadores de menores ingresos, agravando las condiciones de vida en los sectores más vulnerables de la sociedad.

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En la misma carta documento, las organizaciones reclaman que el Consejo del Salario deje de funcionar como una instancia «meramente formal» y que se garantice un proceso real de negociación. Subrayan que la fijación del salario debe surgir de un debate transparente y participativo, y no de decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.