Amplían la acusación contra petroleras por exploración no autorizada cerca de las Islas Malvinas
Política19/09/2026
REDACCIÓNEl fiscal Carlos Stornelli sumó cuatro nuevas sociedades a la causa por operar sin permiso argentino y solicitó investigar posibles delitos ambientales y lavado de activos.
Tras los anuncios del presidente Javier Milei del 3 de septiembre sobre la cuestión Malvinas, la Justicia federal avanzó en la causa contra petroleras que operan en la zona. El fiscal Carlos Stornelli amplió la acusación por actividades de exploración de hidrocarburos realizadas sin la debida autorización del Estado argentino.
La medida judicial incorporó a la causa a cuatro nuevas empresas: Rockhopper Exploration PLC, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Estas firmas se suman a Desire Petroleum, que ya se encontraba imputada en el expediente por los mismos hechos.
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En ese marco, Stornelli solicitó el envío de exhortos al Reino Unido y a Israel para recabar información sobre la composición societaria de las compañías. El objetivo es determinar si existen posibles relaciones comerciales con intereses británicos que operen en la plataforma continental.
La causa se inició por una denuncia del canciller Pablo Quirno y actualmente tramita en el Juzgado Federal N° 11, que se encuentra subrogado por el juez Ariel Lijo. La fiscalía investiga si las actividades denunciadas, además de violar la legislación sobre hidrocarburos, podrían configurar otros delitos como infracciones ambientales, aduaneras o lavado de activos.
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El requerimiento del fiscal se basa en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen este tipo de actividades en la plataforma continental argentina sin permiso oficial. La normativa también contempla la posibilidad de responsabilizar penalmente a directores, gerentes y administradores que hayan actuado en nombre de las personas jurídicas involucradas.
Por otra parte, el Reino Unido ratificó su política comercial en relación a las islas y calificó como “inaceptables” las sanciones que impulsa Argentina contra las empresas. La fiscalía sostiene la hipótesis de que, pese a cambios en la estructura societaria, las firmas continuaron operando con permisos otorgados por autoridades británicas.
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La investigación cuenta con antecedentes administrativos que datan de mayo de 2012, cuando la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Desire Petroleum mediante la Resolución 130. Al año siguiente, en 2013, la misma compañía fue inhabilitada por 20 años para operar en el país a través de la Resolución 457.
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