Un proyecto sobre Malvinas impulsa penas de hasta 15 años de cárcel por desinformación

El proyecto del Gobierno ingresado al Congreso propone sanciones por actividades no autorizadas en Malvinas y polémicas reformas que generan críticas opositoras.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno al Congreso propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública mediante campañas de desinformación financiadas por actores extranjeros. Las sanciones podrían elevarse de 8 a 15 años en caso de que existan circunstancias agravantes.

La iniciativa, de 133 artículos, tiene como objetivo principal establecer un régimen de sanciones por actividades no autorizadas en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental. Sin embargo, su alcance es más amplio, ya que incorpora modificaciones a las leyes de seguridad nacional, defensa, inteligencia y ciberseguridad.

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Desde el oficialismo sostienen que el proyecto busca dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas y proteger los derechos soberanos argentinos. En relación a las nuevas figuras penales, el Gobierno afirma que las disposiciones apuntan contra quienes actúen «por cuenta y orden de un Estado u organización extranjera» o reciban financiamiento de esos actores para campañas masivas.

Por su parte, la oposición cuestiona que los cambios exceden el objetivo de proteger la soberanía sobre Malvinas. El diputado Agustín Rossi calificó el proyecto como un «caballo de Troya» y objetó el reemplazo del concepto de «agresión» por el de «amenaza», al considerar que amplía los supuestos para la intervención de las Fuerzas Armadas. En la misma línea, el diputado Esteban Paulón sintetizó que la iniciativa es «30% Malvinas, 70% paranoia presidencial y estado de excepción».

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Los cuestionamientos también provienen de organizaciones vinculadas a la libertad de expresión, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). La entidad planteó reparos por la amplitud de términos como «manipular la opinión pública» y «desinformación masiva», advirtiendo que la redacción podría generar riesgos para el ejercicio periodístico. FOPEA reconoció la legitimidad de luchar contra la injerencia extranjera, pero reclamó que la norma establezca límites más precisos.

Además, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo. Este organismo podrá disponer medidas de emergencia como bloqueos de activos, restricciones financieras o la suspensión de contratos. Sin embargo, se establece que esas decisiones quedarán sujetas a control judicial.

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