"Aduana Interna": Un peaje de $37.000 por 5 km provoca fuerte rechazo transportista
Actualidad20/09/2026
REDACCIÓNLa medida, calificada como una "aduana interna" inconstitucional por entidades empresarias, fue concesionada a una firma privada por 20 años y afectaría a 100 empresas.
El municipio bonaerense de Ramallo enfrenta una fuerte controversia tras efectivizar el cobro de una Tasa de Tránsito Pesado que asciende a $37.000 por cada ingreso de un camión a la localidad. A este monto se suman otros $25.000 si el vehículo accede a una planta industrial, conformando una carga impositiva que el sector transportista considera desmedida para un tramo de solo 5,1 kilómetros.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de Transporte. En su reclamo, exigen la suspensión inmediata del esquema, argumentando que se trata de un peaje encubierto e inconstitucional. Además, el sistema se complementa con una tasa municipal del 2% sobre cada litro de combustible vendido en el distrito desde enero.
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El gravamen se aplica en el ex Camino Provincial Ruta 87, una vía clave que conecta la Ruta Nacional N.º 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás, uno de los principales corredores del comercio exterior argentino. La Fadeeac calculó que el costo por kilómetro que impone este sistema es un 120% superior al peaje del Puente Zárate-Brazo Largo. La instalación del arco de control se realizó en el Acceso Sánchez, el único ingreso habilitado para vehículos pesados, sin ofrecer rutas alternativas.
Desde el municipio de Ramallo sostienen que la tasa no es nueva, ya que fue creada en 2002, pero hasta ahora solo la pagaban cinco grandes empresas como Bunge, Fiplasto y Loma Negra. La diferencia, explican, es que la instalación de un arco de pesaje tecnológico ahora permite universalizar su aplicación. Como contraprestación, mencionan el mantenimiento de la calzada, iluminación, corte de pasto y la futura construcción de una playa de estacionamiento con servicios para los choferes.
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El sistema de cobro ya fue adjudicado por 20 años a la empresa Plus Byte S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N.° 3/2025. Dicha firma, que recibirá aproximadamente el 50% de la recaudación, fue la misma que en julio del año pasado ganó la concesión del puente binacional São Borja–Santo Tomé, que concentra el 23% del comercio bilateral entre Argentina y Brasil.
El argumento central de los transportistas es que un municipio no puede establecer un gravamen sobre la circulación interjurisdiccional de bienes, ya que la Constitución Nacional prohíbe las aduanas interiores. Citan como precedente un fallo de la Corte Suprema de 1937 (Bressani c/ Provincia de Mendoza), que buscó “hacer un solo país para un solo pueblo” al impedir que las jurisdicciones actúen como entidades económicas independientes.
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La medida afectaría directamente a unas 100 empresas de transporte de todo el país que operan en la zona. Según estimaciones del sector, el costo anual del gravamen podría representar entre $100 millones y $500 millones por cada empresa, dependiendo de su volumen de actividad. Advierten que esta carga podría comprometer la viabilidad de sus operaciones en la región.
El conflicto se inscribe en un debate más amplio sobre la carga impositiva. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que el 80% de las tasas municipales que pagan las industrias no tienen una contraprestación efectiva. Martín Rappallini, presidente de la UIA, advirtió que «las tasas municipales son un capítulo importante de la carga fiscal que afecta a la producción transable», con un impacto directo en la competitividad.
Además de la presión económica, los transportistas manifestaron su preocupación por el régimen sancionatorio previsto para quienes no adhieran al sistema. Entre las posibles medidas se contemplan la aplicación de multas, el inicio de apremios fiscales y hasta la retención de la mercadería transportada.
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