Ordenan frenar el proyecto Sea Lion mientras Reino Unido prorroga licencias petroleras en Malvinas
Política22/09/2026
REDACCIÓNLa jueza Borruto ordenó a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration detener la extracción de hidrocarburos en las islas, por reclamo ambientalista.
Una jueza federal de Río Grande ordenó a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en funcionamiento el proyecto Sea Lion. La resolución emitida por Mariel Borruto se da en el marco de la intensa disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Esta medida judicial argentina surge de una presentación conjunta realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. En paralelo, la administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias ya vigentes para actividades petroleras offshore.
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La decisión del Reino Unido, que cuenta con su respaldo, permite a las compañías con permisos continuar con la exploración y explotación. Además, estas licencias podrían extenderse por otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo establecidos por las autoridades isleñas.
Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y encargada de Comercio, Industria y Recursos Minerales, afirmó que «Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar».
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El proyecto Sea Lion es uno de los principales afectados, ubicado a unos 220 kilómetros del archipiélago en la cuenca norte de Malvinas. Navitas Petroleum posee una participación del 65% en este proyecto, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante, con planes de iniciar la extracción en marzo de 2028.
Además de estas empresas, otras compañías como las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la canadiense JHI, cuentan con permisos exploratorios en la zona. Una subsidiaria de Navitas también adquirió el 65% del bloque PL001, adyacente a Sea Lion, tras un acuerdo con JHI Associates en febrero, lo que se espera acelere su desarrollo.
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El Gobierno argentino considera que las licencias otorgadas por las autoridades británicas son ilegales y ha intensificado sus acciones contra las compañías que operan sin autorización nacional. En contraste, el Reino Unido sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación y reivindica el derecho de los habitantes de las islas a administrar sus recursos naturales.
Argentina invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación de la disputa por la soberanía. Esta normativa busca evitar acciones que alteren el status quo mientras se busca una solución definitiva al conflicto territorial.
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