
El Gobierno exige a las mineras del RIGI un mayor compromiso con los proveedores argentinos
Actualidad22/09/2026
REDACCIÓNTras la polémica por la compra de un campamento chino, el ministro Luis Caputo busca que los beneficios fiscales del RIGI impulsen más compras y empleo local.



La controversia por la adjudicación del campamento modular del proyecto Vicuña, en San Juan, a un consorcio con participación china marcó un punto de inflexión. La propuesta ganadora se ubicó cerca de los US$52 millones, frente a una oferta argentina de unos US$70 millones, lo que concentró la demanda de trabajo local en montaje y servicios conexos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con directivos de Vicuña, Glencore y Rio Tinto para que las compañías beneficiarias del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cumplan con el piso del 20% de compras a proveedores locales. El Gobierno reclama que las empresas vayan más allá de ese compromiso y demuestren que las ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias del régimen producen desarrollo industrial en el país.


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Como primera respuesta, el Gobierno anunció que el 29 de octubre comenzará en Rosario una serie de Rondas de Negocios RIGI. El objetivo es conectar a los grandes inversores con fabricantes argentinos, anticipar cronogramas de contratación y generar asociaciones para que las pymes puedan competir.
El country director de Vicuña, José Morea, reforzó el mensaje oficial y señaló que su empresa acompañará las rondas nacionales. Recordó además que el proyecto ya aplica un formato similar desde el año pasado en sus principales licitaciones, citando como ejemplo el Corredor Norte, donde una unión de empresas sanjuaninas obtuvo dos tramos de una obra vial.
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El Gobierno necesita demostrar que el RIGI no funciona solo como una plataforma de importación con beneficios extraordinarios. Según Caputo, el 86% de lo invertido por los proyectos se destina a empresas nacionales y ya se movilizaron más de 1.200 proveedores, aunque no se detalló el universo de inversiones de esa cifra.
Este reclamo abre un conflicto con las provincias mineras, que tienen sus propias exigencias. Para la Nación, el objetivo es aumentar el contenido argentino general, pero para San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy o Santa Cruz es crucial que las compras y el empleo queden en la provincia que aporta el recurso.
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Las provincias buscan asegurar beneficios locales mediante leyes de compre local, registros de proveedores y porcentajes de empleo. Además, utilizan las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) como una herramienta de presión, ya que un incumplimiento en los compromisos asumidos puede hacer caer un proyecto minero.
La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la iniciativa del Gobierno y afirmó que las grandes inversiones deben generar oportunidades para todo el entramado productivo. El respaldo de la entidad llega tras meses de reclamos por el crecimiento de importaciones en sectores alcanzados por el RIGI y la competencia que consideran desigual.
Según cifras de la Cámara promotora de Valor Agregado Nacional, ocho proyectos registraron importaciones por US$451,3 millones. De ese total, US$300,8 millones correspondieron a bienes de capital que podrían tener oferta nacional, según la entidad.















