Investigan a dos financistas por operaciones cambiarias de US$ 250 millones en 2023
Actualidad24/09/2026
REDACCIÓNLa Justicia Penal Económica investiga a Piccirillo y Migueles por infracciones a la Ley Penal Cambiaria, tras denuncia del BC sobre Arg Exchange.
Una eventual condena por las operaciones cambiarias investigadas podría implicar penas de uno a cuatro años de prisión. La Ley Penal Cambiaria también contempla multas que pueden alcanzar hasta diez veces el monto de la maniobra. De acuerdo con el cálculo incluido en la denuncia, una sanción económica de ese tipo podría elevar el monto reclamado a US$ 2.500 millones.
El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich quedó a cargo de la investigación contra los financistas Piccirillo y Migueles por presuntas infracciones a la normativa cambiaria. El expediente se originó por una denuncia del Banco Central y se centra en operaciones por US$ 250 millones realizadas durante 2023 por la sociedad Arg Exchange.
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La investigación busca determinar si las operaciones respondían a una maniobra para aprovechar la diferencia entre el dólar oficial y el blue. Según la denuncia, Arg Exchange realizó compras de divisas por aproximadamente US$ 251,9 millones y luego concretó ventas por una suma prácticamente equivalente. El organismo busca establecer cuál era el destino efectivo de esos fondos.
Uno de los aspectos que analiza el Banco Central es la circulación de las divisas entre distintos operadores para dificultar la identificación de los beneficiarios finales. La presentación judicial menciona una posible “coordinación entre más de 90 operadores” como parte del mecanismo investigado. Para los investigadores, es necesario determinar si existía una justificación económica genuina detrás de las transacciones.
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Por otra parte, la situación de Piccirillo se vincula a su posición dentro de Arg Exchange, donde el Banco Central sostiene que tenía “una posición de control e injerencia efectiva”. En el caso de Migueles, la investigación también procura determinar su grado de responsabilidad por el cargo que ocupaba. El planteo del organismo es que ambos debían garantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables.
Otro eje de la causa estará puesto en el origen de los fondos utilizados en las operaciones. La Justicia deberá reconstruir el circuito de las divisas, identificar a todos los participantes y establecer si las transacciones respondían a actividades comerciales legítimas o formaban parte de un mecanismo coordinado.
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El expediente quedó radicado en el fuero Penal Económico y el juez Meirovich comenzará a intervenir a partir de la próxima semana. La investigación todavía se encuentra en una etapa inicial que busca determinar las responsabilidades individuales y no implica una condena contra los financistas.
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