El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que permite operar a las plataformas digitales de transporte y marca un precedente regulatorio en toda la provincia.
Los vehículos particulares que prestan servicio a través de aplicaciones digitales cuentan con autorización legal para circular y transportar pasajeros dentro de Puerto Madryn. La resolución legislativa modifica las reglas del transporte urbano local al otorgar un marco regulatorio formal a plataformas tecnológicas como Uber, Didi y Cabify, un reclamo que mantenía en vilo tanto a los conductores de las apps como a los usuarios de la ciudad.
La sanción de la normativa elimina de manera directa la posibilidad de que los inspectores de tránsito municipales continúen realizando secuestros de automóviles que operen bajo este sistema. La actividad deja de ser considerada una falta gravada con multas e incautación de rodados, fijando un nuevo piso de legalidad para quienes utilizan estas herramientas de trabajo en el ejido urbano.
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Este encuadre normativo coloca a la ciudad en una posición diferenciada dentro del mapa provincial, en momentos donde otras comunas patagónicas mantienen severas restricciones contra los choferes de plataformas. La decisión del cuerpo deliberativo local sienta una base operativa inédita que comenzará a regir en el entramado vial madrynense.
El aval del proyecto fue resultado de una ingeniería legislativa que garantizó el consenso necesario antes del inicio de la sesión legislativa de este jueves. La contundencia del resultado en la votación refleja la intención de dar respuesta a una modalidad de transporte en constante expansión en los centros urbanos. Los bloques que acompañaron el proyecto permitieron alcanzar holgadamente la mayoría calificada necesaria para destrabar una discusión que llevaba meses en tratamiento.
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La adopción de este marco legal genera repercusiones inmediatas en la comarca del Valle Inferior del Río Chubut, donde las autoridades municipales vecinas mantienen estrictos controles de fiscalización. La apertura madrynense genera un desfasaje normativo con localidades cercanas que hasta el momento aplican sanciones drásticas a los vehículos detectados mediante este tipo de software.
En el resto de la región, los operativos de control continúan derivando en el secuestro de automóviles y el pago de elevadas multas por parte de los conductores. La vigencia de la nueva ordenanza madrynense modifica el escenario del transporte de pasajeros a nivel comarcal, obligando a los municipios vecinos a revisar sus esquemas de fiscalización.
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Durante la misma jornada parlamentaria, el cuerpo legislativo abordó otros temas de relevancia institucional incluidos en el orden del día de la sesión ordinaria. Entre las iniciativas tratadas por los concejales figuró la creación y reglamentación del Consejo Consultivo, un órgano destinado a canalizar institucionalmente la participación de diversos actores de la comunidad.
La legalización de las aplicaciones de transporte en la ciudad del golfo abre un período de transición normativa para la adaptación del sistema de movilidad urbana. Resta determinar el impacto que tendrá esta ordenanza sobre las decisiones legislativas de los municipios lindantes, que deberán evaluar si acompañan la tendencia o refuerzan los controles preventivos en sus jurisdicciones.
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