Condenan a 27 miembros de un templo por trata de personas: ordenan reparaciones por más de $2.100 millones
Actualidad25/09/2026
REDACCIÓNLa líder de la organización, de 81 años, recibió una pena de 24 años de prisión, mientras que la Justicia también dispuso el decomiso de 46 inmuebles y 12 vehículos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2 de San Martín fijó reparaciones económicas para 27 víctimas por un total de $2.170.467.831,20. Este monto deberá ser actualizado conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
La sentencia condenó a 27 personas por integrar una organización delictiva que operaba bajo la apariencia de una congregación religiosa denominada Templo Filadelfia. Los delitos imputados incluyen trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, con penas que van desde los tres años y nueve meses hasta los 24 años de prisión.
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La condena más alta fue para Eva Petrona Pereyra, de 81 años, considerada jefa de la asociación ilícita y actualmente detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Además, fue hallada culpable de supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor, y falsedad ideológica de documento público.
La fiscalía logró acreditar que la organización funcionó durante casi cinco décadas, al menos entre 1972 y fines de 2020, con un sistema de sometimiento basado en el aislamiento y el control. La sede central se encontraba en San Justo, partido de La Matanza, y contaba con anexos en distintas partes del país, además de Paraguay y Brasil.
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Como parte de las medidas dispuestas, el tribunal ordenó dar de baja la inscripción del Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos. Para ello, se librará un oficio a la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Entre las decisiones de carácter patrimonial, se ordenó el decomiso de 46 inmuebles y doce vehículos. También se dispuso la subasta de otros 15 automotores pertenecientes a la organización delictiva.
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La Justicia también declaró la nulidad de dos matrimonios celebrados entre víctimas, uno en 1987 y otro en 2007, al considerar que los contrayentes habían sido forzados a casarse. Adicionalmente, se inscribió el desplazamiento de la filiación materna de dos víctimas, tras determinarse que no eran hijos biológicos de quienes figuraban como sus madres.
Finalmente, se dispuso el decomiso y la posterior destrucción de teléfonos celulares, computadoras, notebooks y documentación secuestrada. Las excepciones a esta medida fueron establecidas en la sentencia y se realizarán previa consulta al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón.
El juicio se inició en enero de 2024 ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli. Durante el debate declararon más de 200 testigos y los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 18 de noviembre.
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