Las nuevas iniciativas, publicadas hoy en el Boletín Oficial, buscan fortalecer la lucha contra la ciberdelincuencia y optimizar la implementación de la justicia juvenil.
El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó la creación del Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa), una iniciativa clave para el abordaje de la justicia para menores. Esta nueva herramienta tiene entre sus objetivos principales promover intervenciones basadas en evidencia para la reducción de la reincidencia delictiva y asegurar la tutela efectiva de las víctimas en el proceso.
El programa de justicia juvenil, establecido mediante la Resolución 484/2026 y publicado hoy en el Boletín Oficial, tendrá como una de sus metas impulsar el diseño y la gestión de un sistema de información estadística. Esta recopilación de datos será fundamental para evaluar los resultados de la política criminal juvenil y apoyar la toma de decisiones estratégicas en el ámbito nacional.
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Para el cumplimiento de estas directrices, El Programa prevé la gestión de un Cuerpo de Supervisores que coordinará y estandarizará los protocolos de intervención del personal. Además, contempla la instrumentación de mecanismos de asistencia, contención y resguardo de derechos para las víctimas dentro del proceso penal juvenil.
En paralelo, el Ministerio de Justicia creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). La Resolución 483/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, estableció su ámbito de acción dentro de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.
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El PRONACIB estará bajo la dirección de un Coordinador, quien se encargará del seguimiento de las acciones que se desarrollen en el marco del programa. En ese sentido, se designó al doctor Mariano Tomás Rivas, Asesor de la Subsecretaría de Política Criminal, para asumir estas funciones con carácter «ad honorem».
Por otra parte, la iniciativa de ciberdelincuencia tiene la facultad de constituir mesas interinstitucionales de articulación con organismos y actores públicos o privados. Estas mesas, que pueden ser de carácter general o especializado, buscarán vincularse con los objetivos y lineamientos específicos para la materia establecidos en uno de sus anexos.
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