María Valentina Rampulla, quien engañaba con un perfil profesional falso, evitó el juicio oral tras un acuerdo judicial y deberá reparar el daño.
María Valentina Rampulla, una joven que se presentaba falsamente como traductora de inglés en San Juan, deberá cumplir 24 horas de tareas comunitarias y abonar una multa económica, según un acuerdo homologado por la jueza Carolina Parra. Esta medida, alcanzada en pocos meses, le permite evitar un juicio oral por el delito de usurpación de títulos en calidad de autora.
Además de las tareas en la Municipalidad de Santa Lucía, que se distribuirán en un plazo de tres meses, la acusada deberá pagar $200.000 para la Cruz Roja. También se le impuso una prohibición absoluta de contacto con los miembros del Colegio de Traductores de la provincia, cuya denuncia destapó el fraude.
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Rampulla se promocionaba en sus redes sociales como profesora bilingüe y decía trabajar con mineras en la provincia, engañando así a diversas empresas y otros sectores profesionales. Por mucho tiempo, mantuvo firme su fraude presentando un perfil con experiencias y estudios inexistentes.
En su cuenta de Linkedin, la joven afirmaba haber estudiado en la Universidad de San Juan y tener experiencia en ferias mineras y espacios de vinculación internacional. Allí, Rampulla declaraba: "Cuento con gestión y dirección de proyectos educativos propios, como mi Instituto de Inglés VYF.English donde logro relacionarme con personas de todo el mundo".
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En sus publicaciones, también buscaba resaltar sus capacidades: "Me destaco por mi capacidad de ser proactiva, adaptación cultural, comunicación efectiva, buena predisposición y resolución de situaciones en tiempo real". El engaño se derrumbó a mediados de junio de este año a partir de la presentación oficial de la secretaria de la comisión directiva del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes provincial.
La denuncia del Colegio detectó que Rampulla no tenía habilitación ni contaba con la matrícula obligatoria provincial. La causa recayó en la fiscal Daniela Pringles y el ayudante fiscal Rodrigo Herrera, quienes comenzaron con la investigación pertinente ante la UFI Genérica.
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