Un imputado en Puerto Madryn rechazó el arresto domiciliario y pidió quedar detenido en una cárcel

Rafael Chávez, acusado por disparos, amenazas y violencia de género, argumentó que enfrenta un desalojo y no tiene quien lo asista para cumplir la medida en su casa.

El imputado por abuso de armas, hurto y amenazas en contexto de violencia de género, Rafael Aidar “Rafi” Chávez, registra múltiples antecedentes penales y una declaración de reincidencia. La jueza Patricia Reyes consideró esta situación y la probabilidad de autoría para determinar que existían riesgos procesales, como una eventual fuga o el entorpecimiento de la investigación. Por estos motivos, la magistrada dispuso una medida de coerción.

Inicialmente, la jueza había hecho lugar a un planteo del defensor particular Fabián Gabalachis y establecido el arresto domiciliario para Chávez. Sin embargo, durante la misma audiencia en Puerto Madryn, el propio acusado manifestó que no quería cumplir con esa modalidad. Solicitó permanecer alojado en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

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El motivo expuesto por el imputado para su inusual pedido fue que tenía previsto afrontar un desalojo y que no contaba con personas que pudieran asistirlo. Ante esta situación, la jueza Reyes aceptó modificar la modalidad de la detención. «Yo había hecho lugar al pedido de su defensor, pero usted la está rechazando», le señaló la magistrada antes de formalizar el cambio.

La causa se originó por una serie de hechos ocurridos entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de septiembre. Según la acusación fiscal, Chávez habría agredido a su expareja y le habría sustraído su teléfono celular. La secuencia de amenazas continuó posteriormente en otro domicilio de la ciudad.

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Uno de los episodios más graves detallados en la imputación ocurrió cuando el acusado se presentó en la vivienda de los familiares de la mujer. De acuerdo con la Fiscalía, después de que su expareja se negara a salir para hablar con él, Chávez efectuó dos disparos contra la casa. Horas más tarde, regresó y amenazó a los ocupantes con prender fuego el inmueble y matarlos.

De esta manera, la jueza dispuso la apertura formal de la investigación, que se extenderá por un plazo de seis meses. Durante este período, Chávez permanecerá privado de su libertad en una dependencia carcelaria, tal como él mismo solicitó en la audiencia judicial.

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Por otra parte, la Fiscalía, representada en la audiencia por María Angélica Cárcano, había solicitado desde un primer momento que el acusado permaneciera bajo la modalidad de prisión preventiva. La decisión final de la jueza, aunque por un camino inesperado, se alineó con el objetivo de mantener al imputado detenido.