
La Corte Suprema de EE.UU. autorizó revisar padrones electorales con un sistema que en Texas erróneamente identificó al 10% como no ciudadanos.



Un estudio de caso en el condado de Travis, Texas, reveló que al menos diez de cada 100 personas que el sistema federal SAVE identificó como posibles no ciudadanos eran en realidad estadounidenses. Desde que comenzaron estas verificaciones en el estado, solo tres no ciudadanos han sido acusados formalmente de votar de manera ilegal.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes a la administración de Donald Trump a utilizar esta base de datos para revisar los padrones electorales. La decisión revocó un fallo judicial previo que había declarado ilegal el uso ampliado del sistema por considerar que vulneraba la privacidad de las personas.


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El programa, conocido como Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE), fue creado en 1986. Su propósito original era permitir a las autoridades comprobar la ciudadanía o el estatus migratorio de quienes solicitaban determinados beneficios públicos.
Por otra parte, el fallo del máximo tribunal avaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilice el sistema SAVE para realizar consultas masivas con datos confidenciales de los registros del Seguro Social. Según la sentencia, una ley federal de 1996 faculta al DHS a solicitar esta información a otras agencias, las cuales están obligadas a responder.
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Actualmente, el uso de SAVE por parte de los estados es voluntario y ya lo emplean 27 de ellos para verificar la ciudadanía de las personas registradas para votar. No obstante, el propio tribunal aclaró que la legislación electoral federal impide realizar purgas masivas de los padrones en las semanas previas a una elección, lo que limita el alcance de la resolución de cara a las elecciones de medio término.
La medida no fue unánime, ya que los tres jueces liberales de la Corte Suprema votaron en disidencia. La magistrada Ketanji Brown Jackson advirtió que un uso indebido de este sistema podría terminar afectando el derecho al voto de personas que están legalmente habilitadas para sufragar.
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